Municipios denuncian abuso militar en frontera y conforman comisión
Los seis municipios fronterizos de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí se declararon en emergencia y conformaron ayer el Consejo de Defensa del Territorio de los Pueblos Fronterizos para hacer frente a los abusos de los militares que conforman el Comando Estratégico Operacional (CEO) encargado de la lucha contra el contrabando.
Los alcaldes de los municipios de Charaña (La Paz), Pisiga (Potosí), Sobaja, Coipaza, La Rivera y Turco (Oruro) denunciaron estos supuestos abusos del CEO en los operativos anticontrabando y se reunieron ayer en la ciudad de La Paz. Este Consejo tiene dos principales finalidades: recabar información y las denuncias respecto a de los abusos que son víctimas los habitantes de las zonas fronterizas, y buscar alternativas de desarrollo para dichas regiones.
“Al incrementar la lucha contra el contrabando, el Estado le ha encomendado a las Fuerzas Armadas esa tarea, por eso se ha creado el CEO. En este sentido, en las fronteras hay un abuso a nuestra población y a las autoridades por parte de los militares”, afirmó el alcalde del municipio de Pisiga, William Colque.
La autoridad detalló que los municipios cedieron terrenos para las labores del CEO y los militares se comprometieron con las autoridades originarias a coordinar acciones para el desarrollo de sus regiones y en la lucha contra el contrabando; pero no cumplieron con lo pactado. Asegura que, cuando acudieron a hablar con los militares, fueron “maltratados” verbal y psicológicamente sin respetar “sus derechos”.
El presidente del Comité Cívico de Charaña, Orlando López, no quiso profundizar sobre estos abusos de los militares, pero anunció que están recabando las denuncias y que las harán conocer en conferencia de prensa los próximos días.
Las autoridades también señalan que la presencia y acciones violentas de los agentes del CEO —en estas zonas fronterizas— a nombre de la “lucha contra el contrabando” está generando que los comunarios o campesinos migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales.
Con la finalidad de fortalecer el Consejo de Defensa de los Pueblos Fronterizos, se conformaron tres comisiones. La primera está dirigida a la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. La segunda comisión está a cargo de elaborar una nueva propuesta de la Ley General de
Aduanas Nº 1999, que —a criterio de Colque— necesita ser actualizada porque su contenido no refuerza la lucha contra el contrabando, sino que se enfoca en la recaudación por concepto de aranceles y otros cobros en frontera. La tercera comisión debe elaborar un plan estratégico de desarrollo fronterizo en beneficio de los seis municipios involucrados.
“El contrabando no es una lucha aislada, sino que también tiene que involucrar a las autoridades locales”, dijo Colque.
La próxima reunión del Consejo será el 15 de julio para presentar avances de las comisiones.
ALCALDES ESTÁN A CARGO DE COMISIONES
El Consejo tiene la finalidad de elaborar un plan de trabajo en base a información de las comisiones. Toda la información recabada, sobre todo las denuncias de abusos, será enviada a las instancias correspondientes.
Tres autoridades municipales están a cargo de las comisiones. De la primera está a cargo el alcalde de Pisiga, William Colque; de la segunda comisión, el presidente del Comité Cívico de Charaña, Orlando Lópes, y finalmente, de la tercera comisión, Adela Montecillo y Sabina Ayaviri.
