Achacollo sale de la cárcel y Gobierno inicia proceso al juez que lo autorizó
La exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo recibió ayer la autorización para salir de la cárcel de Miraflores de La Paz una vez que un juez le sustituyó la medida de detención preventiva por una detención domiciliaria.
Inmediatamente conocida la noticia, el Gobierno anunció que iniciará un proceso penal contra el juez Alan Zárate, quien dispuso la liberación.
Achacollo es investigada por el caso del desvío de recursos en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (más conocido como Fondo Indígena) y es procesada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La exministra fue detenida el 5 de agosto de 2016 y cumplió un año en la cárcel de Miraflores, de La Paz. Luego, en diciembre de 2017, se dispuso su arresto domiciliario, que debía cumplir en su domicilio en Montero (Santa Cruz), pero en diciembre pasado la justicia ordenó nuevamente su detención preventiva.
Sin embargo, Zárate, quien ejerce de juez primero de Instrucción en lo Penal en materia Anticorrupción, consideró, ayer, en audiencia virtual, que al haber transcurrido los seis meses de la detención sin que se aporten nuevos datos que corroboren la acusación, correspondía que la procesada se defienda en libertad, conforme a la solicitud de la defensa.
Censura
El director distrital en La Paz de la Procuraduría General del Estado, Favio Jofré, en cambio, dijo que el juzgado ha desconocido la suspensión de plazos procesales dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la cuarentena dictada para contrarrestar la pandemia del coronavirus.
“Hemos tenido el disgusto de haber presenciado y participado en una audiencia de cesación a la detención preventiva en la cual el juzgado anticorrupción de esta capital, a cargo de Alan Zárate, dispuso, de manera ilegal, la cesación a la detención preventiva de la señora Nemesia Achacollo”, dijo.
Jofre acusó a Zárate de haber desconocido la suspensión por la cuarentena que en marzo se había dictado y que continúa vigente.
“Esta autoridad judicial ha incumplido esa disposición y ha dado por concluido el plazo de detención preventiva de Achacollo. Incluso se ha incurrido en otras ilegalidades que nosotros, como Procuraduría, estamos haciendo conocer no sólo al
Tribunal sino también al Viceministerio de Transparencia y al Ministerio de Justicia”, expresó.
Jofré lamentó la resolución judicial, pues considera que es contraria a la ley y a la Constitución. En tal sentido, indicó que presentarán una apelación.
170 millones de dólares es la cifra que se habría desviado del Fondo Indígena, según investigaciones preliminares.
ES PARTE DE 60 CASOS PARALIZADOS
El caso del Fondioc o Fondo Indígena, que fue creado mediante el Decreto Supremo 28571 el 22 de diciembre de 2005, registra un daño económico al Estado de al menos 170 millones de dólares.
El Fondo Indígena es parte de la lista de los 60 casos que quedaron paralizados en su investigación, debido a la suspensión de actividades del órgano judicial.
La principal acusada de este caso es la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo.
“EL JUEZ ACTUÓ DE MANERA OFICIOSA”
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, anunció ayer que inició un proceso penal por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) contra el juez Alan Zárate, quien otorgó detención domiciliaria a la exministra Nemesia Achacollo.
Melgar indicó que la decisión fue asumida con una resolución que no se encontraba en la petición que planteó la defensa de Achacollo.
“El juez, de manera oficiosa, incluyó un argumento ajeno a la petición para la audiencia y de manera inexplicable y llamativa dictó una resolución determinando la cesación de detención preventiva”, denunció.
Según Melgar, el juez no debió haber dado curso a este recurso toda vez que las partes no habían sido notificadas. El juez, sin embargo, no fundamenta la cesación a la detención preventiva de Achacollo en base a nuevos elementos para desvirtuar la detención preventiva, sino que introduce, de manera oficiosa, el vencimiento de plazo, dijo Melgar.
“Por ese motivo, estamos iniciando un proceso penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Pero también tenemos una gran preocupación, ya que el Órgano Judicial sigue con una actitud inactiva en los procesos penales que se iniciaron antes de la cuarentena, lo que está provocando que todas las personas que están con detención preventiva, como en el caso de la señora Achacollo, donde se robaron 170 millones de dólares, se ponga en peligro recuperar esa plata”, lamentó el Viceministro.
