Informe legislativo sobre Botrading descarta irregularidades, pero recomienda auditorías y medidas de control
Tras meses de cuestionamientos públicos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó este miércoles los principales resultados de la investigación realizada por una comisión de la Asamblea Legislativa, la cual concluyó que no se hallaron irregularidades en las operaciones de Botrading. Según los datos expuestos, desde el inicio de sus actividades la subsidiaria reportó utilidades por 56,2 millones de dólares, registradas en los estados financieros de YPFB Refinación.
El informe legislativo, de más de 124 páginas, y aprobado por unanimidad, descarta anomalías en los contratos y pagos de Botrading, pero recomienda auditorías externas, seguimiento de la Contraloría y medidas preventivas por parte del Ejecutivo.
El informe desestimó denuncias de corrupción que habían circulado en redes sociales, pero enfatizó la necesidad de controles adicionales, incluyendo auditorías forenses, financieras, técnicas y jurídicas, así como revisión del Ministerio Público.
Contratos y pagos bajo la lupa
Uno de los principales cuestionamientos giraba en torno al manejo de pagos y supuestas adendas irregulares. La comisión concluyó que no hubo desembolsos en exceso y que cada pago estaba respaldado por contratos específicos. Incluso se corrigió un error de transcripción en los cuadros entregados por YPFB, lo que evidenció la rigurosidad del análisis.
Sobre los contratos, el informe descartó la existencia de un “contrato número 13” oculto, como se había insinuado en redes. Dicho proceso de contratación fue anulado antes de formalizarse.
Diferencias de precios y cuestionamientos externos
En relación con las diferencias de precios frente a Petroperú, la comisión concluyó que se trataba de productos distintos. Mientras Petroperú ofreció bajo contratación directa con convocatoria, el acuerdo con Botrading fue una contratación sin convocatoria en un contexto de emergencia por bloqueos. El producto adquirido, con octanaje de 90 a 95 RON y con entrega en dos puntos, justificó –según el informe– un precio más elevado.
Este punto genera debate sobre la falta de mecanismos de competencia y las ventajas que otorgan las compras de emergencia, donde los márgenes de discrecionalidad son mayores.
En el caso de Botrading, se avaló la creación de la subsidiaria en Paraguay debido a que la normativa boliviana prohíbe a privados importar hidrocarburos, y la legislación paraguaya exigía una empresa local para operar.
El informe agregó que la representación legal de Botrading recayó en un ciudadano paraguayo por disposiciones migratorias, aunque para algunos sectores políticos esta situación refleja la fragilidad institucional de las filiales de YPFB fuera del país.
Recomendaciones de mantienen abierto el caso
En sus páginas finales, el informe plantea tres recomendaciones clave:
Remitir el documento a la Contraloría General del Estado, para conformar la Comisión de Delitos Indiciarios y establecer eventuales responsabilidades administrativas.
Encargar auditorías forenses y financieras sobre YPFB Internacional S.A./Botrading S.A. y sus relaciones comerciales de suministro de hidrocarburos.
Enviar el informe al presidente del Estado, para que adopte medidas preventivas y correctivas en función a los hallazgos. Aunque el informe descarta irregularidades de corrupción, deja abierta la posibilidad de nuevas investigaciones técnicas y jurídicas.
YPFB aseguró que “no tiene nada que ocultar” y anunció que pondrá a disposición el informe completo y los documentos de respaldo en su portal web. La empresa considera que la investigación legislativa respalda su gestión, destacando las utilidades acumuladas de 56,2 millones de dólares desde que Botrading inició operaciones.
No obstante, analistas consultados advierten que la necesidad de auditorías externas demuestra que el caso no está cerrado del todo. El desenlace dependerá de si las instancias de control logran disipar definitivamente las dudas sobre la gestión de la subsidiaria en Paraguay.
