Gobierno español se prepara para intervenir Cataluña, a punto de declararse independiente

MADRID | 

 

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy autorización al Senado para intervenir la autonomía de Cataluña, donde el parlamento regional podría responder con una declaración unilateral de independencia, una crisis sin precedentes en 40 años de democracia.

 

El conservador Rajoy se dirigió a la cámara alta, donde tiene mayoría, para pedir poderes extraordinarios y temporales. En virtud de estos, Cataluña perderá cautelarmente su autogobierno, recobrado hace cuatro décadas con el retorno de España a la democracia.

 

"Este procedimiento se inicia cargado de razones", ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión y que con ello "afecta a la economía, y muy mal", declaró Rajoy, después de que unas 1.500 empresas sacaran su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.

 

El mandatario anunció que quiere poder destituir al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, lo que provocó una fuerte salva de aplausos.

 Igualmente, "la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible", añadió Rajoy, en referencia a la principal medida del artículo 155 de la Constitución española, que aprobará previsiblemente el Senado.

 

El choque de Rajoy con los independentistas es frontal. En Barcelona, simultáneamente, los diputados de la mayoría separatista del Parlamento catalán prepararon una resolución en la que se insta al gobierno regional y a la cámara a iniciar un proceso constituyente, que siente "los fundamentos de la República catalana".

 

 

El jueves la situación estuvo a punto de encaminarse de manera muy diferente, cuando Puigdemont amagó con un adelanto electoral como vía de salida.

 

El dirigente regional no dio finalmente el paso, y acusó a Rajoy de no haberle dado garantías de que, en caso de elecciones anticipadas, no intervendría la autonomía catalana.

 

"He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad", aseguró.

 

Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un exalcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió devolver la palabra al parlamento catalán.

 

Según Puigdemont, el parlamento, de mayoría separatista, es el "depositario" del resultado del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la justicia y en el que no hubo las garantías habituales, ya que entre otras cosas no fue supervisado por una junta electoral independiente ni se aseguró el voto secreto.

 

Pese a ello, el gobierno regional lo da por válido, asegurando que hubo un 90% de síes a la secesión y una participación del 43%, en una Cataluña profundamente dividida en cuanto al proyecto independentista.

 

Las autoridades catalanas invocan el derecho a la autodeterminación, contemplado en la ONU, y el gobierno central recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte del mismo.

 

Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles.

 

Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán.

 

Cataluña representa casi el 20% del PIB español. Con 7,5 millones de habitantes, es uno de los motores económicos de España. - Momentos de dramatismo - Entre los planes del gobierno central, si son aprobados por el Senado, está convocar elecciones en menos de seis meses, y mientras tanto poner bajo tutela la actividad de la cámara catalana, para que se ajuste al orden constitucional.

 

Esas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas, aunque es una incógnita el desgaste que puede provocar en las fuerzas nacionalistas la agonía política de las últimas semanas.

 

La aplicación del artículo 155 es por otro lado un desafío porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios catalanes.

 

Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.

 

"Impensable a nuestra edad. No hay marcha atrás. O nos hundimos o nos salvamos", declaró a la AFP Joan Servitje, de 66 años, dueño de un bar.

 

"No creo que lo hagan, alguna excusa van a encontrar" dijo a la AFP Pol Aranda, de 24 años, contrario a la aventura.

 

En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención. "Siempre dividirnos y fragmentarnos nos debilita, y siempre a los más fuertes les es más fácil imponernos sus medidas" declaró a la AFP Núria Suárez, portavoz de la asociación de izquierdas Recortes Cero.