Exjefe paramilitar Mancuso llega a Colombia deportado de EEUU para acatar la Justicia
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegó este martes a Bogotá procedente de EEUU, de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico, y aseguró que acatará "las condiciones restrictivas" que le imponga la Justicia de su país.
Mancuso, de 59 años, llegó en un vuelo chárter de deportados que aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la capital colombiana y ahora tendrá que comparecer ante la Justicia por decenas de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
En las primeras imágenes divulgadas de su deportación, Mancuso aparece con un chaleco antibalas de Migración Colombia y rodeado por agentes con escudos antibalas. Entre los funcionarios que lo recibieron estuvo el director de esa institución, Carlos Fernando García.
El exjefe paramilitar, quien fue designado "gestor de paz" por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados, será entregado a la Policía Nacional.
Mancuso, que se espera sea recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, quedará a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz de la capital colombiana y del magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, que son las autoridades competentes para tomar decisiones sobre su libertad, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Vida criminal de Mancuso
Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC, grupo responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad.
Su desmovilización se hizo tras una negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que lo extraditó en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque seguían dedicados al narcotráfico.
En ese país, Mancuso fue condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.
Sin embargo, en marzo de 2020, el juez estadounidense que lo sentenció dio por cumplida la pena al convalidarle como parte de la condena los dos años que estuvo encarcelado en Colombia así como los que pasó en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.
Como parte del acuerdo de las AUC con el Gobierno, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Mancuso y la verdad
Mancuso ha participado en varias audiencias de la JEP, en las que ha proporcionado información sobre cómo las AUC hacían el papel de "bisagra" entre el aparato militar y el paramilitar en varios "patrones de macrocriminalidad", como desplazamientos o ejecuciones.
Por esa razón, el Gobierno colombiano aseguró que garantizará su seguridad, pues su vida puede estar en peligro, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por los "aportes" que ha ofrecido para que se conozca "la verdad", especialmente en la JEP.
En ese sentido, Mancuso aseguró en una carta divulgada hoy que acatará y respetará "las condiciones restrictivas" que le imponga la Justicia de su país.
"Regresar, a pesar de las condiciones restrictivas que me impone la Justicia colombiana, a la cual acato y respeto, y de las difíciles y complejas circunstancias de seguridad que envuelven mi presencia en Colombia, es una forma de renacer que me llena de vida", explicó en la misiva.
Mancuso aseguró que quiere ponerse "a disposición" de la JEP y de Justicia y Paz, la ley que desmovilizó a las AUC, "con la plena confianza en que son garantistas de los derechos fundamentales".
También justificó su vuelta para "honrar" la promesa que le hizo a Petro para ser "gestor de paz y contribuir con tareas precisas a fin de materializar ese concepto en el cual creo fervientemente, la paz total".
Por eso, pidió instalar la mesa técnica "para el cierre definitivo de las negociaciones" con los paramilitares y se mostró a disposición de las víctimas "para evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas y dolores colectivos".
