ALP justifica informe que descarta tráfico de influencias
La Paz | Los Tiempos
La mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendió el informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó los contratos entre el Estado y la empresa china CAMC Engineering (Camce) que estableció que “no existe ni una sola evidencia” de tráfico de influencias que involucre al presidente Evo Morales. Hasta el cierre de edición (2:00) seguían interviniendo los oradores.
En tanto, la oposición cuestionaba el informe y anunció que su documento por minoría, que no se consideró, se entregará al Ministerio Público y la Contraloría para que se investiguen irregularidades.
El Legislativo cerraba así su labor de fiscalización liberando de cualquier posible vinculación a Morales por supuesto uso indebido de influencias o favorecimiento al consorcio oriental por la relación que tuvo con Gabriela Zapata Montaño, exgerente comercial de la firma china.
La lectura del informe del oficialismo duró algo más de tres horas, y después se procedió a un intenso debate que anunciaba prolongarse hasta la madrugada por no existir coincidencia con los elementos expuestos por la mayoría de la comisión (MAS).
En la justificación de informe, la presidenta de esa instancia, Susana Rivero, dijo que la denuncia fue una treta inescrupulosa de la derecha para perjudicar al MAS en el Referendo Constitucional del 21 de febrero.
Por su parte, el diputado Bernard Gutiérrez (UD) sostuvo que la comisión sólo se formó para “lavarle la cara” al Presidente.
El senador Óscar Ortiz (UD) afirmó que la comisión obvió elementos importantes del supuesto tráfico de influencias.
El diputado Javier Zavaleta (MAS) manifestó que la oposición no aportó con pruebas para demostrar la sindicación de uso indebido de influencias a tiempo de afirmar que con esta mentira se le robó el referendo al MAS.
El documento avalado por el oficialismo señala que tres de los seis contratos adjudicados a la firma oriental Camce Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch fueron suscritos por representantes legales chinos, avalados por poderes otorgados en Beijing. Otros dos fueron acordados con la matriz de la empresa china y uno con la Asociación Accidental CAMC Union Engineering.
“Se ha enviado a la Contraloría, en el marco de sus competencias a los servidores públicos Javier Marcelo Calderón, Ariel Cortez Illanes, Daniel Espinoza, Raúl Daza, Felipe Lugones de la comisión de evaluación y calificación y al exministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez para que sean investigados”, dijo Rivero al explicar sobre el informe de contratos de Camce.
INFORME DE MINORÍA
El senador Óscar Ortiz manifestó que el documento de minoría será remitido a la Fiscalía y la Contraloría para pedir que se investiguen las irregularidades detectadas por los asambleístas de oposición. De no prosperar el pedido el informe quedará como un antecedente para futuras investigaciones toda vez que los delitos de daño económico al Estado no prescriben.
La oposición identificó uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica, y contratos lesivos al Estado en la compra de tres perforadoras, YPFB.
San Buenaventura y la planta de Sales de Potasio, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y la leyes.
En el caso de Bulo Bulo-Montero y el proyecto múltiple Misicuni, además de los mencionados, se establece falsedad material.
Por último, la oposición identificó en la compra del camión perforador de pozo del agua, por parte la Gobernación de La Paz, sólo incumplimiento de deberes.
