Defensor avala fallo que permite al Estado cerrar ONG

País
Publicado el 05/07/2016 a las 4h15

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que permiten al Estado no dar permiso de apertura a una ONG o fundación o, si tuviese, cerrarla en caso de que no contribuya al desarrollo económico y social.

El defensor del Pueblo, David Tezanos, se adhirió al fallo y dijo que “los derechos no son absolutos”. En tanto, representantes de ONG dijeron que la sentencia vulnera el derecho a la libre asociación.

El defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo que coincidía con el fallo del Tribubal Constitucional porque los derechos no son absolutos, pero además dijo que el derecho a la igualdad jurídica, a la igualdad de las personas naturales o jurídicas se ejerce en función a la regulación de las leyes.

Añadió que la Ley 351, de personerías jurídicas, no vulnera el derecho a la libre asociación como cuestionan las ONG y que las fundaciones o instituciones sin fines de lucro “tienen ese espíritu del ‘deber ser’ no son instituciones meramente sin fines de lucro sino que nacen con mandatos sociales”.

Tezanos dijo que las ONG o fundaciones que “se estarían viendo afectados por esto, tendrían que considerar que la atribución de este mandato (está) en armonía con los diferentes cambios del país”.

Recurso

En noviembre de 2014, el exdensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra dos artículos de la Ley 351. Dijo que “el derecho a la libre asociación para conformar  ONG es constitucional, por lo tanto, esta ley tiene que ser revisada en profundidad para que haya coherencia entre lo que dice el texto constitucional y las normas”.

Según Villena, los artículos cuestionados facultaban al Gobierno a disolver una ONG o fundación. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a la contribución al desarrollo económico social.

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) data de diciembre de 2015 cuando Villena aún era defensor del Pueblo, sin embargo, el documento no fue hecho público sino hasta ayer, cuando representantes de ONG hicieron conocer su sorpresa  por la sentencia.

La sentencia del TCP dice que los artículos observados “buscan materializar los deberes del Estado a fin de procurar el bienestar común, por lo que la exigencia de inconstitucional en lo que se refiere a reconocimiento, respeto y protección a la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico y social del país, no implica ningún desconocimiento de esos principios enunciados”.

En  2015, el presidente Evo Morales advirtió, que se expulsará a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.

 

ADVIERTEN DIFÍCIL PANORAMA

La representante de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) Bolivia, Susana Eróstegui, señaló que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y fundaciones seguirán trabajando en el marco de la legalidad. Sin embargo, el panorama con esta decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “puede ser un poco complicado si es que la aplicación de la ley se la hace en ese marco tan drástico y posiblemente daría lugar a una discrecionalidad desde la instancia pública para revocar la personalidad jurídica de alguna institución”.

Lamentó que el TCP no haya considerado en su análisis la sugerencia de organización Human Rights Watch y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación, la Unión y Expresión de declarar inconstitucional la Ley 351.

“La verdad que se confiaba que habría una respuesta muy clara y precisa en este marco internacional y nacional de protección de sus derechos que iba a ser favorable”, lamentó Eróstegui.

En tanto, el director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Antonio Gandarillas, no quiso adelantar criterio hasta realizar un análisis de la sentencia.  “Sus consecuencias son terribles porque si la sociedad civil  necesita el aval del Estado para organizarse, significa que hay un control” totalitario del Estado, dijo Gandarillas.


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