Cochabamba, uno de los municipios con menor reducción de recursos

Antes de mostrar la reducción de las transferencias del Tesoro General del Estado (TGE) a los Gobiernos Municipales, es importante indicar que uno de los factores clave para entender el concepto de autonomía según el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, es la capacidad de los Gobiernos Autónomos Municipales de “administración de sus recursos económicos (…) en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. Y estos recursos, de manera general, están constituidos por ingresos propios y transferencias del TGE. En esta oportunidad, nos referiremos a la segunda fuente de recursos: los recursos de Coparticipación Tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el HIPC, que tuvo vigencia los pasados 15 años, hasta el año 2016, como parte de la condonación de la deuda externa.

Es de conocimiento general que la crisis económica internacional provocada por la disminución de los precios internacionales del petróleo, que afecta duramente a varios países, entre ellos a nuestros vecinos, también nos influye ligeramente a través de la reducción de las transferencias del TGE a las Entidades Territoriales Autónomas.

Según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2015 y 2016, esta disminución en los municipios de Cochabamba fue en promedio un 8,79 por ciento, y en entre 2016 y 2017, será de 10,06 por ciento. Sin embargo, hay 39 municipios que tienen una reducción superior que oscila entre el 10 y el 14 por ciento. Pero hay un grupo de ocho municipios que tienen una reducción menor, entre el 8 y el 10 por ciento. Estos últimos de manera general son municipios predominantemente urbanos; es decir, los municipios metropolitanos más algunos del valle alto como Punata, Cliza y Tolata. Pero de éstos, los que menor reducción sufren son Colcapirhua y Cochabamba, con 8,28 y 8,39 por ciento, respectivamente.

La composición de estos recursos que fueron reducidos varía según el peso en el presupuesto de cada municipio de las transferencias del Fondo HIPC, cuya distribución tenía un enfoque de equidad, según el grado de pobreza; lo que significa, a mayor pobreza mayores recursos. Así, en 24 municipios del departamento, la conclusión del fondo HIPC afecta entre el 40 y 54 por ciento de los recursos que fueron disminuidos para 2017. Esta proporción en 16 municipios representa entre el 20 y el 40 por ciento Y para siete municipios representa entre el 10 y el 20 por ciento.  Entre estos siete se encuentran otra vez los municipios metropolitanos, excepto Vinto, Sipe Sipe y 2 del valle alto: Punata y Cliza. De éstos, el municipio de Cochabamba, es al que menos le afecta la supresión de este recurso, pues  representa únicamente el 11 por ciento.

Sin embargo, en ejercicio pleno de la autonomía –es decir, de la capacidad de decidir sobre la administración de sus recursos–, cada gobierno municipal puede decidir a quién afecta más con esta reducción. Dicho de otra manera, puede afectar a los barrios y sectores más pobres o no, puede afectar a sus necesidades más básicas o no, o puede utilizar esta situación políticamente para chantajear al gobierno nacional.

No obstante, podría también aprovechar esta situación como la mejor oportunidad para mejorar su capacidad de generación de recursos propios y desarrollar al máximo esta otra fuente de recursos.

Y no se trata de subir los impuestos que podrían afectar al ciudadano común, sino tal vez de ampliar el universo impositivo, o quizás podría aprovecharse inteligentemente la gestión del suelo urbano como una valiosa fuente de recursos, como lo hacen otros alcaldes de la región con resultados exitosos.

El autor es planificador y arquitecto.