Abortos e impuestos

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump firma normas que permiten a los estados prohibir el traspaso de dinero público a cualquier clínica que interrumpa embarazos, la opulenta Bolivia se dirige por un camino diametralmente opuesto.

El Proyecto de Código del Sistema Penal Boliviano después de exponer los nueve casos que permiten el aborto, en su art. 157 parágrafo VI indica que el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión de la mujer, no pudiendo negarse la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos, sin que el médico pueda alegar objeción de conciencia, siendo el único requisito para la interrupción del embarazo, llenar un formulario de constancia de consentimiento sin necesidad de otro requisito o trámite previo de ninguna naturaleza.

Este artículo viola una norma de la ética médica del Juramento hipocrático clásico, que dice: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura”, pero los galenos estarán obligados penalmente a interrumpir embarazos con nuestros impuestos.

Quienes asumen la posición “pro-elección” no están discutiendo quién paga los costos del aborto, un liberal sabe que no existe salud gratuita, porque alguien está financiando y subvencionando el servicio público de salud, esa persona es el contribuyente. No importa que ese contribuyente asuma la posición “pro-vida”, de igual manera estaría financiando los abortos en una suerte de complicidad secundaria; nótese la injusticia e inmoralidad del destino de esos impuestos. Quien asume una posición consecuente “pro-vida”, no financiaría abortos si le dieran como opción voluntaria y consentida de hacerlo, pero como el tributo es impuesto, pagará para que se realicen legrados.

El filósofo Herbert Spencer en su libro “La justicia”, indicaba que: “cada individuo tiene que recibir los beneficios y sufrir los daños de su propia naturaleza y de la conducta consiguiente”, lo que significa en justicia asumir la responsabilidad de nosotros y los nuestros, pero los abortistas quieren que sea el Estado una especie de comadrona abortera de barrio, bajo una mentalidad infantil pretenden que el papá Estado asuma los gastos y responsabilidad que no asumieron los padres de la menor de edad embarazada que no utilizó métodos anticonceptivos, entonces el paternalismo lo soluciona todo “desde la cuna hasta la tumba” como diría Milton Friedman, subvencionando la muerte mediante un simple llenado de formulario sin otro requisito, como ser el pago del mismo servicio de salud prestado. Esto no puede originar más que la costumbre de recurrir a la comadrona abortera cuantas veces sea necesario porque es “gratis”.

Muchos abortistas no apoyaron en su momento la propuesta de un cura católico llamado Mateo Bautista que demandaba el 10% del presupuesto estatal para la salud, ni oficialistas ni opositores, pero ahora exigen que el sistema de salud subvencione abortos, cuando las mismas mujeres que desean alumbrar y otorgar vida no tienen un hospital público o privado a su alcance, y los mismos centros de salud carecen de infraestructura y se encuentran permanentemente colapsados por falta de camillas, básicamente.

Como el Estado no permite la libre inversión privada en salud y su desarrollo sin barreras legales, las mujeres que desean tener hijos y las que no, no tienen los medios adecuados para sobrevivir, pero no nos fijamos en las causas y vamos por los efectos, así se demanda atención en salud cuando no existen los medios, creen que si una ley decreta abundancia seguramente así ha de ser.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).