Nulo no basta

Que se puede, se puede y, lo que es más relevante, se debe. La prueba está en todos los parches, retoques, postergaciones, ajustes y enjuagues que se están realizando para tratar de darle vida a unas elecciones judiciales que nacieron muertas, porque se ha vuelto a convocarlas y organizarlas para servir a intereses particulares y no para satisfacer la necesidad de darle a la sociedad una administración de justicia, mínimamente equilibrada y creíble.

No se puede, en este momento, hacerlo de manera perfecta, pero eso no significa que vuelva a intentárselo de la peor manera posible. Las diluidas tentativas de lograr algunos acuerdos duraron lo que un trino y se ha llegado al extremo de prohibir a los representantes universitarios que siquiera den a conocer su criterio para contribuir a la sencilla y rutinaria, pero indispensable tarea de opinar sobre la calidad de los documentos que presentan los aspirantes. Así se estipuló en el reglamento, cierto, pero una vez que se verifica en la práctica que ese detalle termina por empañar un cambio necesario, es indispensable rectificar.

Se está reconstruyendo a toda prisa el mismo escenario que llevó a un miembro del Tribunal Electoral a calificar como “fallida” la elección judicial previa.

La obcecación de llevar adelante los comicios, retrasándolos, alterando sus bases de convocatoria para acomodarlas a las necesidades de viabilizar la reeelección de los irrelegibles, permite presagiar que la desconfianza y el desaliento liquidarán cualquier vestigio de credibilidad y respeto a los que sean posesionados sin haber triunfado en la votación.

Por mucho que los gobernantes quieran creer que elegir en tan miserables condiciones a los magistrados disfrazará la ruinosa situación y servirá para engañar respecto a su parcialización con el régimen que los embutirá en sus cargos, no lo conseguirán, con lo que aún la mínima legitimación fracasará, desmoralizando a una sociedad que vuelve a ser atropellada.

La postergación de dos meses abre espacio para introducir al menos dos enmiendas que hagan de las elecciones judiciales un evento democrático y no, como pasó en 2012, una pantomima en que los elegidos se coronen con menos votos que los nulos y blancos.

La condición elemental para que alguien sea realmente elegido es que sume más votos que la suma de los del rechazo y el descontento, que deben ser fiel y democráticamente respetados, para lo que debe enmendarse la norma electoral.

Votar nulo o blanco no es suficiente, aun cuando esos votos se contabilizaran y determinen que no sean posesionados quienes no venzan la barrera democrática, ya que no subsanaría el vacío de magistrados a la cabeza del Órgano Judicial y se obtenga un avance inicial para poner en pie una administración de justicia, que se aproxime a merecer tal denominación.

De allí que la auténtica democratización del voto, mediante el respeto de los blancos y nulos, es un medio para que la Asamblea Legislativa busque, esta vez de veras, un reglamento que satisfaga las condiciones básicas para tener unas elecciones con candidatos aptos y que consagren a autoridades que merezcan confianza y respeto, y no a muñecos parlantes, que pueden ser descabezados por sus padrinos a la primera señal de independencia de criterio y de fidelidad a la ley y su conciencia.

El Ejecutivo con la Asamblea no pueden cumplir estos requisitos elementales (ni con el apoyo de la Conalcam, que en 2012 demostró que no ayudaba a reforzar una convocatoria electoral del 40%, mientras el repudio sumó 60%).

Las y los miembros del Tribunal Electoral necesitan condicionar su permanencia en el TSE a que se introduzcan los dos cambios mencionados; es más, está entre sus facultades proponerlos al Legislativo. Si no son escuchados están en su derecho de retirarse, negándose a ser partícipes de un engaño intolerable. En su ausencia, todo el esfuerzo por aparentar una elección democrática terminará por sucumbir. Lo mismo aplica a los delegados de universidades que no deben resignarse al papel de observadores cómplices.

Está claro: los magistrados electorales que no quieran reiterar la experiencia de sus antecesores del indigno Tribunal Electoral y los universitarios tienen a su alcance enfrentar el avance de un proceso torcido y crear un hito en la cura, enmienda y recomposición de instituciones democráticas.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo