El TAM, ejemplo de arbitrariedad militar
Tal como era de prever y temer, el Gobierno nacional ha decidido otorgar un nuevo plazo de 180 días para que Transporte Aéreo Militar (TAM) deje de operar al margen de la ley y se someta a las normas que en nuestro país rigen la actividad aeronáutica.
Con ese anuncio, se prolonga por un año más la larga historia que se inició a principios el año 2013, cuando el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) dio por primera vez “un último plazo”, cuyo vencimiento fue fijado en julio de ese año, para que esa empresa pague una deuda impositiva calculada hasta esa fecha en 55 millones de bolivianos.
Muy poco después, en julio de 2013, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) conminó al TAM a que para seguir operando se transforme en una empresa formal, sometida a las normas y regulaciones que rigen en nuestro país la actividad empresarial en general y la aeronáutica en particular. Poco después, a principios de 2014 la Dirección General de Aeronáutica Civil fijo en 180 días el primero de sus “plazos perentorios”.
Cinco años han transcurrido desde que se hizo el primer intento de poner freno a la ilegalidad del TAM y por enésima vez –ya son tantas que resulta muy difícil llevar la cuenta– esa empresa militar ha decidido hacerse la burla de la ATT, del SIN y de la DGAC y de los tres ministerios de los que dependen esas reparticiones estatales. Y lo hace con la aquiescencia del Ministerio de Defensa y ante la mirada pasiva y resignada de los Ministerios de Economía y Finanzas y del Ministerio de Obras Públicas que han optado por someterse a la arbitrariedad militar aún a costa de incurrir en incumplimiento de sus deberes.
El asunto, gravísimo de por sí, lo es más aún si se considera que no es el único ejemplo, aunque sí el más notable, de los extremos a los que está llegando en nuestro país el avasallamiento de la institucionalidad republicana, proceso que avanza paralelo a la acumulación de poder económico y político en las filas militares.
En efecto, casos como el del TAM y otras empresas militares dan cuenta de la consolidación de una especie de superestado castrense que se ubica por encima de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes en nuestro país. Así lo indica la facilidad e impunidad con que las empresas de las FF.AA., amparándose en una especie de fuero militar, se niegan sistemáticamente a someterse al ordenamiento legal vigente y realizan multimillonarias transacciones –muchas de ellas comprobadamente dolosas– sin que las alcance alguna forma de fiscalización.
