Plataformas, ¡claro que son políticas!

En franca contradicción entre lo discursivo y lo fáctico, el Gobierno descalifica a las plataformas ciudadanas pero moviliza a sus grupos de choque para contrarrestarlas. Las califica de “políticas” negando su condición de movimientos ciudadanos. ¡Como si fueran conceptos antagónicos y excluyentes!

Todo lo contrario; ciudadano y político son conceptos interdependientes. El ser humano es, en esencia, el “zoon politikón” definido por Aristóteles; un animal político dotado de la capacidad que le diferencia de los demás especies, para relacionarse en sociedad y organizar ciudades.

Las plataformas en tanto movimientos humanos, son fuerzas políticas no partidarias cuya dimensión específica está precisada en las teorías politológicas cuando definen que alcanzar el poder y gobernar es el objetivo de las fuerzas políticas llamadas “partidos políticos” mientras que reivindicar derechos o causas, es lo que mueve a las fuerzas políticas llamadas “grupos de presión”.

Juan Ferrando Badía, entre otros autores, define a los grupos de presión como organizaciones horizontales y amorfas sin estructura permanente cuya finalidad es persuadir o disuadir al gobierno de una acción perjudicial o favorable a sus intereses. Se articulan en torno a una demanda compartida y concreta, pero una vez atendida ésta, se desmovilizan y se desarticulan temporal o definitivamente. A esta descripción corresponde la “Guerra del Agua”, liderada por la “Coordinadora” en Cochabamba el año 2000.

Pero este usual comportamiento es modificado por el hartazgo popular; éste sólo espera un detonante y eclosiona con una demanda exacerbada a la que se suman otras y, en conjunto, endurecen las formas de presión y de represión gubernamental desatándose un conflicto generalizado y masivo. Aunque este fenómeno no pretende derrocar gobiernos, suele propiciar, eventualmente, que un partido político capitalice el resultado si se muestra como una alternativa al orden cuestionado.

Recordemos las movilizaciones de octubre de 2003 lideradas por la Central Obrera Regional de El Alto y otros grupos de presión que ocasionaron la dimisión del presidente Sánchez de Lozada. El MAS capitalizó ese resultado y encumbró a Evo Morales. Los operadores políticos del Gobierno saben que su poder es fruto de ese fenómeno, y hoy temen que, salvando las diferencias de tiempo y contexto, las plataformas lo reediten. Esta amenaza enceguece a los gobernantes que, en su desesperación, se despojan de todo recato y cometen groseros abusos de poder, vulneran los derechos ciudadanos y transgreden los principios democráticos, entre ellos, la división de poderes y la alternancia en el gobierno.

A estas alturas es innegable que el Ejecutivo ha sometido a los órganos Legislativo, Judicial y Electoral que, a su turno, emiten leyes y fallos para liberar a Morales de los “obstáculos” constitucionales que limitan el poder, viabilizando así su proyecto continuista y totalitario.

La legalidad fue maleada, pero su gran problema ahora es la legitimidad. Teme a la fuerza de las movilizaciones populares, sabe que ellas le dieron el poder y pueden quitárselo.

La esperanza del 51,3% de los bolivianos, que no quiere que este régimen se consolide, está puesta en las plataformas que deben reencauzar su rol político con la defensa del voto del 21F como su demanda concreta, pero, antes, urge erradicar el incrustado oportunismo ideológico partidario que las divide internamente y desvirtúa la esencia del movimiento ciudadano que las constituye.

La autora es politóloga y docente universitaria