El caos vehicular con gasolina y placas

Cada día es más agobiante la circulación por cualquier calle de nuestras principales ciudades. Los conductores sensatos viven una calamidad sentimental cada vez que tienen que ingresar a los centros citadinos conduciendo sus vehículos. Los embotellamientos, denominados en este triste país “trancaderas”, nos dan una señal de la cantidad inmensa de vehículos que circulan, inundando las calles y avenidas sin piedad. Parecería una característica más de desarrollo y modernidad, pero en realidad es el resultado de algunos compromisos políticos que hay que cumplir antes de octubre de 2019.

Si mis lectores han observado con algo de detalle, este último tiempo los vehículos son conducidos por personajes típicos del altiplano, muy aymaras ellos, que desde tiempos legendarios han transportado cosas y personas en lomos de llamas y mulas. Han sido transportistas a través de todas las generaciones y por los siglos de los siglos han estado muy alejados de las normas de tránsito, más alejados de las aduanas y sideralmente alejados aún del registro de propiedad vehicular. Alguien me tiene que decir que estoy equivocado, pero por ahí me enteré que el verdadero motivo del cerco a la ciudad de La Paz, allá por 1781, fue provocado por esos transportistas que se resistieron a pagar impuestos a la Corona, pasando a la historia la rebelión indígena de Tupac Katari como una simple ingenuidad anecdótica.

Parte de este caos está siendo tolerado por el gobierno, que también alienta el contrabando de vehículos y además usa este beneficio ilegal a su favor para lograr la mayor cantidad de votos en la campaña electoral que pretende reelegir indefinidamente al binomio azul. El contrabando no perdona pero lo más probable es que el gobierno también perdone al contrabando, más temprano que tarde. Muestra de este aserto es que todos saben que el mismísimo gobierno ya prohibió expresamente la importación de vehículos de una determinada antigüedad para no convertir a nuestro país en un basurero de autos usados. La realidad ha demostrado el inmenso poder que gozan los sindicatos de transportistas, a tal grado que pueden introducir un automóvil por contrabando, eludir los registros aduaneros, defraudar los impuestos a la propiedad y a la transferencia, organizar sindicatos de transportistas y presionar, al final de cuentas, para vender y traficar con votos y lealtades.

A estas alturas del proceso electoral y como siempre, lo que se avecina es la amnistía para el registro de vehículos indocumentados y el otorgamiento de placas a cambio de votos. Ni hablar de la venta de carburantes. Lo legalmente lógico es que sólo los vehículos inscritos estén autorizados para cargar combustible a partir de un registro previo ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos; pero como un síntoma del caos vehicular se advierte que en todas las estaciones de servicio se dispensa gasolina a personas siniestras que aparecen con sus galones y otros recipientes para comprar carburantes a granel y luego para venderlos a precios convenientes a los propietarios de vehículos indocumentados, promoviendo un mercado negro de combustibles; tolerado a la vista y paciencia de las autoridades competentes para eliminar este tráfico organizado criminalmente. Con todo esto cada día se hace más imperiosa la presencia estatal en este lucrativo negocio que se oculta detrás de un artificial caos. Aun así las dudas persistirán.

El autor es abogado