Corrupción y programas electorales

En la encuesta de Los Tiempos, el 26% de los ciudadanos dice que “el principal problema que enfrentará el próximo gobierno” es la corrupción.  Es su principal preocupación.

Es serio porque erosiona la legitimidad de las autoridades, genera desconfianza entre todos, y aumenta los costos de todo emprendimiento económico, retrasando el desarrollo.

El World Justice Project  estudia “el Estado de Derecho” en el mundo en base a indicadores de situación sobre servicios públicos, gestión gubernamental y sistemas de justicia.

Este año Bolivia vuelve a estar entre los países en peor situación: lugar 103/113 con una nota de 0.38. Esta cayó dos puntos con respecto a 2016, cuando fue de 0.40 sobre 1. El puntaje más bajo: “ausencia de corrupción”.

Las percepciones de la gente se justifican.

La corrupción es parte del discurso de los políticos y de las ofertas electorales. La “lucha frontal”, seremos “implacables”, “cero tolerancia” y “dura intransigencia” son palabras que brotan en discursos y entrevistas. En los programas de gobierno se reconoce la importancia del tema.

Veamos si coinciden en identificar las causas y  si hay diferencias en sus propuestas.

Un común denominador es el de vincular el problema de la corrupción al sistema judicial, denunciando su corrupción y dando a entender que eso es lo que alienta la del resto. Consecuente con esta argumentación, se concentran en plantear propuestas de reforma al sistema judicial, policial y de gestión pública. Todos plantean la reforma de la justicia y de la policía, y la simplificación de trámites a través de sistemas informativos que den mayor transparencia a las licitaciones, la administración de obras, el manejo de presupuestos.

Varían las palabras y los eslóganes pero parecen compartir la idea de que el problema de la corrupción es moral y por tanto depende de que las personas sean honestas o, más seguro aún, de que sean vigiladas (y castigadas).

Todos plantean como solución reprimir y castigar a los corruptos, llegando a proponerse desde el uso de los bienes del servidor público como “garantía” (UCS), hasta el castigo de cadena perpetua (MNR).

El programa del MAS muestra que aún no ha realizado una autocrítica de su fallida reforma judicial, aunque la admite al proponer “reconstruir el sistema judicial’. En el de Comunidad Ciudadana hay frases llamativas como la del “pacto social de confianza”, el “desarrollo ético”, los acuerdos de “integridad”, y una lista de acciones y proyectos que comienzan con la amenaza de hacer auditorías en todos los organismos y las empresas públicas. Bolivia dijo No es la organización que más espacio dedica al tema y la única que avanza algo hacia dos campos poco mencionados en estos debates: la institucionalidad republicana, basada en independencia de poderes y de entidades fundamentales como la Contraloría y la Fiscalía (en lo que coincide con UCS), y el excesivo gasto público, cuya reducción buscaría a través del recorte de los “gastos improductivos”.

El problema es grave y todos lo reconocen. ¿Serán suficientes sus propuestas?

Creo que no. La corrupción puede desalentarse con la vigilancia, la represión y el castigo, pero no desaparecerá mientras persistan los incentivos que la estimulan, sobre todo si los premios son mayores a la probabilidad de ser detectados y la facilidad de abusar de lo ajeno.

Los incentivos están en los recursos públicos. Mientras más importantes sean los presupuestos públicos como fuente de empleo y de ingresos para la gente, más grande será también la corrupción. A la inversa, mientras más pequeño sea el aparato estatal y menores los recursos manejados por la burocracia, menor será la corrupción.

Por ello, si bien el programa de Bolivia dice No es el único que plantea la reducción de los gastos públicos como mecanismo de lucha contra la corrupción, se queda corto al limitarse a los “gastos improductivos”, aunque en ellos puede caber casi todo lo que hacen los gobiernos.

Aprendamos algo de la experiencia. Durante los años de austeridad y ajuste, con magros presupuestos el estímulo era bajo. En esos años se calificó de corrupción lo que no lo era, como las compensaciones salariales que pagaba la cooperación internacional a cargos especializados (sobresueldos). Luego vino la etapa de reformas del sector público, que redujo la cantidad y el tamaño de las empresas y descentralizó el presupuesto hacia las regiones y los municipios. En esa época los “escándalos de corrupción” eran sobre todo etiquetas políticas que buscaban agitar la oposición a los procesos de privatización y capitalización. El tiempo ha demostrado que fueron falacias. Los recursos de los aportantes están resguardados y los ingresos recibidos por la exportación de gas en estos años demuestran que nada se regaló. Lo cierto es que la corrupción real, aquella vinculada a sobreprecios, licitaciones amañadas y desfalcos, se redujo notablemente. Incluso en municipios y prefecturas mejoró mucho la gestión y la vigilancia. Se aplicaron nuevas normas como la Ley Safco y las licitaciones delegadas a entes especializados, pero la clave fue “achicar el Estado”.

En síntesis, debemos esperar más y mejores propuestas sobre cómo reducir o eliminar la corrupción. La represión puede incluso exponer a más instituciones a sufrir el contagio. Sabemos que el arca abierta tienta al justo, pero el arca llena atrae a muchos más. 

El autor es investigación de Ceres

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