A un año de La Haya, seguimos repasando la sentencia

En vez de hacerse el del otro viernes, el pasado martes el Presidente huyó hacia adelante y pidió en la ONU que se cumpla el fallo del Tribunal de la Haya dictado hace un año en el litigio con Chile. Lo hizo citando a gusto algunos de sus párrafos, no todos.

La intervención de Evo en la ONU, en plena campaña electoral, fue una pastilla de autoayuda para el país, del tipo “sólo está derrotado quien se da por vencido” o placebos así, eficaces para el autoengaño. Mi preferencia es llamar fracaso al fracaso, pero tengo la ventaja de que ganar una elección no está entre mis anhelos, para no hablar de mis posibilidades.

En descargo de Evo, las responsabilidades de Estado incluyen rumiar la cuestión marítima. Pero un mejor modo que la nostalgia por lo que no fue, sería examinar las señales chilenas en este año. Por ejemplo, nuestros vecinos comienzan a apuntar con decepción que La Haya puso fin al juicio, no al problema.

Así lo expuso en el portal El Líbero, el ducho veterano diplomático chileno Eduardo Rodríguez Guarachi. Él visitó hace poco Bolivia por asuntos oficiales laterales y seguro también para palpar el ambiente. Rodríguez escribió: “Chile ha tomado nota que Bolivia, pese al contenido del fallo, perseverará en su objetivo.” Nosotros, en vez de insistir en una vía fallida, podríamos siquiera exponer una idea de ese cuño. Sería mejor que hacerse los giles y no aludir al tema o dar lata, extractando frases de la sentencia de La Haya al garete.

Las señas chilenas no han sido todas templadas, por cierto. El presidente Piñera no le contestó una carta a su par boliviano. En diplomacia, no responder una misiva es más desdén que desidia. Para compensar levemente, Piñera invitó a Evo a la conferencia del medio ambiente (COP 25) que tendrá lugar en Santiago. Seguramente Chile espera también el resultado electoral boliviano y consolidar su primacía legal en el Silala, para acentuar los beneficios del vencedor, incluso los anímicos.

Los gestos de Chile tampoco se han reducido a la inobservancia del protocolo epistolar en tiempos de internet. En julio, Gabriel Gaspar, exvocero chileno, antiguo equivalente de Carlos Mesa, y una personalidad con nexos como su cercanía a los amigos cubanos de Evo, alegó en una entrevista en Página Siete, por la positiva, que es hora de que ambos países se acerquen, conversen y se entiendan. Por un sesgo depresivo, me quedé sin embargo con la porción ominosa de su balance: el litigio fue “un período borrascoso”, por el cual acabó por recular “un sector importante de la sociedad chilena (…) que buscaba un acercamiento con Bolivia”.

Un recado parecido transmitió hace días el excanciller chileno Juan Gabriel Valdés, en una nota en El Deber: “…la demanda marítima contra Chile fue un error histórico de Bolivia.” Valdés facilitó un diagnóstico mixto similar al de Gaspar: ambos países deben aproximarse, pero la demanda ha sido un “grave” desatino.

Por su lado, José Miguel Insulza, en declaraciones a La Razón, destinadas a oídos bolivianos, sostuvo que “la decisión de la Corte rechazó todos los puntos planteados por Bolivia. La Corte simplemente dijo: ‘si los países quieren negociar, allá ellos’”.

Por todo aquello, se ve que en Chile se inclinan primero por hacer efectivos los frutos de su triunfo y del que aguardan en el caso Silala. Eso incluye refregar “desatinos” como la demanda y la virulencia boliviana (que la hubo, infantil y contraproducente), para que el trato entre ambos países se retome, pero bajo la prerrogativa del éxito, legal y sicológico, de su lado.

Es por eso difícil pensar, por ahora, en acercamientos sustantivos. Chile olvidó en su tiempo la hostilidad argentina –que desoyó un laudo– en el Beagle y la sutil demanda peruana de 2008, con costo territorial. Así, cuando Chile opta por restregarnos actitudes, en realidad busca asentar un clima que minimice las ilusiones bolivianas. Es pues a Bolivia a la que toca trazar la estrategia inversa, sobre bases realistas. Pero mientras Chile tiene clara su ruta, aquí aún repasamos la resolución de La Haya.

El autor es abogado