La sanidad pública y el populismo

La situación es muy compleja, lo que permite desnudar sin ningún tipo de ambigüedades la verdadera posición de la sanidad pública en Bolivia. Siempre se ha sabido de la importancia que la salud tiene para un país no solo en términos materiales, también en el plano Constitucional.

La salud, así de simple, es prioritaria, por ello la CPE la consagra como derecho fundamental de toda persona e impone al Estado la obligación de garantizar la inclusión y acceso al sistema de salud que deberá ser –según su artículo 18 – único, universal, equitativo, con calidad, calidez, intracultural, intercultural, participativo; construido además sobre la base de principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad, y desarrollado mediante políticas públicas. Suena lindo. Lo dice así la Constitución abanderada por el masismo y utilizada después como plataforma para llegar al poder.

Hoy, cuando el Covid-19 ha colocado al país en la difícil encrucijada de asumir una realidad y afrontar una pandemia bajo parámetros nunca antes vistos, corroboramos lo que siempre anotaba desde este espacio: junto con cualquier virus –ahora el coronavirus–, el populismo es lo peor que una sociedad puede padecer.

Sus efectos y consecuencias son letales, al punto de que sus adláteres esbozan en la teoría todo un esquema vinculado al derecho a la salud, utilizando términos como “calidad”, “calidez”, “universal”, “intracultural” o “intercultural” cuando en la práctica no contamos con hospitales públicos ni con recursos materiales suficientes para garantizar a los galenos bolivianos una prestación pronta y eficaz de la medicina.

En 14 años del gobierno del MAS, que es cuando pudo haberse cumplido lo que la Constitución señala respecto a la salud, el populismo ha carcomido hasta el más común de los sentidos, para dar prioridad a canchas de fútbol, a edificaciones impropias de un país carente de sanidad, a obras inservibles y mal ejecutadas, o a empresas de corte estatal deficitarias y gestadas para favorecer a terceros sin un plan de negocio que justifique su creación.

Todo, menos la salud. Todo, menos pensar en la sanidad pública y la enorme responsabilidad de médicos y personal de apoyo que, carentes de un mínimo de recursos y apoyo del Estado, asumen hasta ahora la difícil tarea de impartir la medicina.

Por ello es que el Covid-19 está sirviendo para develar hasta dónde pudo llegar la estupidez humana y la negligencia del funcionario público, y me refiero al del anterior régimen que, sin rubor alguno, priorizó en el presupuesto del Estado todo tipo de ítems como la comunicación y propaganda, antes que la salud.

Y queda claro que no es solo promulgar leyes o reglamentos donde se instituyan seguros universales. La eficiencia de la que habla la Constitución pasa por construir hospitales y centros de salud, y dotarlos de toda la tecnología que pueda adquirirse, generando los ítems de personal suficiente para que el sistema sea de primer nivel.

Si el Estado y a través de él el Gobierno de turno no tiene la capacidad para atender y garantizar los derechos fundamentales de las personas y, en particular, este que es la salud de la gente, entonces estamos –ya lo dije– ante un virus más virulento, que destruye la célula de toda sociedad y embrutece a auditorios que se dejan llevar por discursos sofistas que no resisten el mínimo debate, ese virus que no es otro que el populismo, es el que nos ha conducido a un estado de situación donde la salud del ciudadano es lo último que contó

Termino aquí: pudimos haber estado mejor preparados estructuralmente para afrontar al Covid-19 si acaso el exrégimen hacia bien su trabajo. La sanidad y salud pública pudieron ser diferentes, porque había los recursos y se contaba con los medios. Pudimos tener un gran sistema de salud, pero fallaron los gestores, que tarde o temprano, deberán dar cuenta de sus actos. Mientras tanto, quédate en casa y cuarentena total, ya.

El autor es abogado