Incendios forestales e indiferencia oficial
El riesgo de incendios forestales de gran magnitud es inminente. Existe la amenaza de que se repita el desastre ambiental que el año pasado, por esta misma época, devastó cerca de cinco millones de hectáreas en la Chiquitania. Y el Gobierno y la Asamblea mantienen, al respecto, una actitud cuestionable.
En los primeros cuatro meses de 2020, se registraron 25.274 focos de calor, un 80% más que los 14.048 reportados en el mismo período de 2019, según el informe satelital Aqua_MT al que se accede desde la web del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Desde el 1 de febrero hasta hace un par de días, según información de ese Ministerio, los focos de calor registrados en siete parques nacionales y áreas protegidas del país –la mayor parte en las tierras bajas– son en un 32% más numerosos que los del año pasado en el mismo periodo.
Y es también información oficial que las condiciones climáticas imperantes en las regiones más amenazadas por el fuego son similares a las de 2019, es decir, época seca, baja humedad relativa y fuertes vientos.
Nada pueden hacer las autoridades para modificar las condiciones climáticas, es evidente. Pero no fueron solo éstas las que propiciaron la catástrofe ambiental del año pasado, cuando bosque seco y pastizales chiquitanos ardieron durante cuatro meses provocando colosales daños a la flora y fauna de esa región cruceña.
Los incendios forestales son resultado de políticas públicas que los fomentan, de manera inequívoca, mediante normas legales aprobadas durante el gobierno del MAS, con el propósito de expandir la frontera agrícola.
Son media docena de leyes nacionales –tres de ellas establecen “perdonazos” a las multas por quemas de bosque sin autorización– y cuatro decretos los que constituyen “las normas del paquete incendiario”, cuya abrogación ha sido solicitada a la Presidenta transitoria, y a la Asamblea Legislativa, en repetidas oportunidades y por diferentes colectivos ciudadanos, desde diciembre del año pasado, meses antes de la temporada sin lluvias y de la llegada de la pandemia al país.
Ahora estamos en la época seca –cuando bosques y pastizales son fácil presa de las llamas–, en plena emergencia sanitaria y en los inicios de una inevitable crisis económica, condiciones en las que un desastre similar al que sufrió la Chiquitania hace nueve meses tendría un efecto de consecuencias inimaginables.
Y la actitud del Gobierno y de los legisladores –masistas o no– continúa siendo indiferente a la amenaza real de incendios devastadores.
