Aún estamos a tiempo, hagámoslo por el bien mayor

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. La clausura de la gestión educativa y escolar 2020, comunicada por el Ministerio de Educación, Deporte y Culturas el pasado 1 de agosto a través del Ministro de la Presidencia, ha obligado a la comunidad educativa a movilizarse tomando medidas orientadas a encontrar soluciones que den continuidad a la formación de los escolares.

Con todas las condiciones adversas para padres de familia, maestros e instituciones educativas, es decir, con una economía quebrada por la cuarentena, limitaciones de acceso a los recursos que demanda la educación virtual, con dirigentes tozudos y reacios a cualquier solución, y con un Gobierno amedrentado y técnicamente extraviado, la educación de miles de niños y jóvenes continúa; para otros miles –los más– lamentablemente no.

Si bien se advertían las dificultades que el ministerio del ramo tenía para gestionar una educación remota para todos y, principalmente, para lidiar y mínimamente aplacar las presiones de dirigentes del Magisterio y representantes de padres de familia, era difícil imaginar que el peor escenario estuviera por venir: El domingo 1 de agosto, a pocas horas de iniciarse el segundo semestre lectivo, el ministro Yerko Núñez, anuncia –sin mayores justificaciones ni orientación– la clausura de la gestión educativa y escolar. A las pocas horas y ante las reacciones de sorpresa de gran parte de la población que creía que la medida solo alcanzaba a escuelas fiscales, la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, corrobora la determinación con argumentos diferentes a los del ministro Núñez, y al día siguiente el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ofrece una tercera versión que transita de lo difuso a lo confuso.

En síntesis, la comunidad educativa se queda sin las explicaciones que la medida ameritaba. Y es que lo que se esperaba era que los bolivianos al menos conociéramos las razones técnicas de la clausura; habría sido diferente si las autoridades presentaban informes que demuestren de manera responsable cuántos escolares no habían pasado clases el primer semestre y las razones puntuales, por una parte; y el nivel de avance y aprendizaje de los escolares que sí continuaron en modalidad virtual, así como una evaluación del desempeño docente, por otra. De ese modo, la medida, con seguridad, habría sido comprendida y aceptada. Pero nada de esto se conoce hasta el día de hoy porque, entre otras debilidades, el ministerio que dirige el Sr. Cárdenas ha hecho una “tímida” gestión de la comunicación y la información, amén de lo que técnicamente correspondía: hablamos de adecuaciones curriculares y producción de contenidos para educación remota (a distancia y virtual).

Ahora corresponde mirar hacia adelante y lo esperanzador es constatar que los niños y jóvenes bolivianos quieren seguir estudiando para aprender (porque ya fueron promovidos al curso inmediato superior mediante resolución ministerial), así lo advierto de manera empírica y lo constato al haberme aproximado, no de manera científica, a una parte de esa realidad: Desde mi ventana de Facebook, el pasado sábado 15 hice una encuesta para conocer quiénes de mis contactos continuaban en clases virtuales este segundo semestre del año. La pregunta reunió 360 respuestas válidas de las cuales casi el 80% dijo que sus hijos o sobrinos estaban en clases (de esta cifra un porcentaje mínimo, aproximadamente el 3%, está en escuelas fiscales); el resto no ha logrado llegar a acuerdos económicos satisfactorios con el colegio. Esta no es una muestra representativa, pero no deja de constituirse en una referencia que muestra el valor que tiene la educación para las familias bolivianas que haciendo una serie de esfuerzos y “piruetas” de orden económico han logrado que el año escolar continúe a pesar de estar clausurado y con notas de aprobación.

La medida errática del Ministerio de Educación y las voluntades de algunas dirigencias para que éste fracase, han dejado a aproximadamente tres millones de familias en la incertidumbre, y a un sistema educativo prácticamente a la deriva, pero al mismo tiempo han entregado un pasaporte de autogestión para que los interesados tomen la mejor decisión que es continuar con la educación; muchos lo han logrado: han depuesto actitudes radicales, han cedido, han perdido y se han reinventado también, pero continúan porque comprenden que la formación de sus hijos es prioridad.

Aún hay tiempo para cerrar este triste episodio de la mejor manera posible, y está claro que la decisión descansa en la capacidad de diálogo que tengan las partes involucradas quienes deben anteponer el bien mayor: la educación.

La autora es comunicadora social y educadora