La nacionalización al borde de un ataque de nervios

El proceso de aprobación de la modificación de un contrato de servicios petroleros (CSP) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha puesto de manifiesto la desesperación del Gobierno, revelada, con honestidad, por el Ministro Molina, acerca del estado de la industria petrolera, como resultado de la Ley 3058 y de la nacionalización de los hidrocarburos del año 2006.

Ese CSP fue firmado en 2016 entre YPFB Corporación, empresa pública boliviana, y YPF E&P, empresa estatal argentina, con el objeto de explorar el área de Charagua, pero recién al año siguiente se lo pudo protocolizar. La tardanza se debió, como ha reconocido el Ministro, a que todo CSP requiere la intervención de la ALP en dos tiempos: primero, para autorizar la firma de YPFB y, luego, para aprobar el contrato firmado. Cada uno de esos procesos exige, a su vez, pasar por la revisión y no objeción del Ministerio de Hidrocarburos, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), ser tratado por las respectivas comisiones de diputados y senadores y aprobado como ley en las dos Cámaras. ¿No sería suficiente la mera aprobación del contrato firmado por YPFB condicionalmente a su ratificación por la ALP?, parece preguntarse ingenuamente el Ministro. Por desgracia, ese insano procedimiento ha sido incluido en la Constitución (Art. 362.II), la cual, en esos y otros temas, de cuerdo y práctico no tiene nada, pero de perverso tiene todo.

La desesperación por aprobar la modificación del CSP-Charagua destroza la lógica, al afirmar que YPF E&P cede el 40% de su participación a YPFB-Chaco porque Charagua pinta como un campo muy prometedor, gracias al gastado expediente de vender la piel del oso antes de haberlo capturado.

Mi percepción es que YPF E&P se metió en el negocio con la esperanza de asegurar, con su concurso, la provisión de gas boliviano a la Argentina en el marco de un contrato que, como era posible prever, Bolivia no estaba en condición de honrar hasta su vencimiento (2026).

Pero, a solo seis meses de haber firmado el CSP (2017), YPF E&P consideró la posibilidad de retirarse y devolver el área por tres motivos: por las trabas burocráticas para todo trámite; por lo que le esperaba si encontraba gas (socio minoritario de una SAM con YPFB); y por el desarrollo acelerado que Argentina imprimió a la exploración de su gas en Vaca Muerta.

De cumplirse esa devolución, el golpe a la credibilidad de Bolivia y a una de las pocas expectativas de incrementar las reservas de gas hubiese sido fatal para YPFB, de modo que éste prefirió mitigar la medida ofreciendo la participación de YPFB Chaco S.A. como socio al 40% en el CSP, o sea, aceptando reducir al 60% la inversión comprometida por YPF E&P. Además, YPFB-Chaco, por ser una sociedad anónima (otra anomalía de la nacionalización, por cierto, muy cómoda para el Gobierno), puede obviar la fiscalización que sí tiene YPFB Corporación (art. 362.I de la CPE).

Sin embargo, aunque Chaco tuviera el respaldo financiero comprometido, la aprobación de esa cesión no sería suficiente para revertir el descenso (“no crecimiento” le dice el Ministro) de las reservas de gas. Para atraer capital de riesgo se necesita no solo modificar el marco legal, sino, sobre todo, apartarse de la ideología nacionalizadora responsable de la crisis actual del sector. Pienso en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32% “ciego”, en la participación regresiva de YPFB en las utilidades (Anexo F) y en las exigencias a la inversión externa, de lejos las más leoninas de la región.

En fin, si el Ministro me pidiera un consejo, le diría que se desespere menos por poner parches a la fracasada política de hidrocarburos que ha heredado del pasado, y se dedique más a impulsar las energías renovables, que representan el futuro de Bolivia.

El autor es físico y analista