¿Adónde nos lleva el MAS?
La decisión de la Fiscalía General de cerrar el caso sobre el fraude electoral perpetrado en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anunciada hace pocos días y sustentada en un argumento de validez dudosa, parece ser el último paso de la primera etapa de la estrategia oficialista para imponer su versión de la crisis que vivimos hace 20 meses.
Y mientras el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúan en ese empeño, la conducción del país parece tomar un rumbo inquietante por las señales que se perciben.
En efecto, la determinación de la Fiscalía, apoyada en un estudio realizado con base en datos parciales proporcionados por el mismo Ministerio Público, no sólo resulta de un procedimiento de contratación ilegal que viola lo establecido para los contratos que superan los 20 mil bolivianos, sino que sus conclusiones están lejos de demostrar que no existió fraude en las elecciones de 2019.
Es más, para la Fiscalía, los resultados de ese estudio — realizado por gente que no es especialista en temas forenses y menos en sistemas electorales— son suficientes para invalidar la auditoría aplicada por más de 30 expertos designados por la OEA para ejecutar una auditoría solicitada por el Gobierno de Morales cuando el país estaba paralizado por las protestas contra el fraude, y cuyas conclusiones son vinculantes por decisión del Estado boliviano.
Este episodio sucede tres semanas después del relacionado con el “armamento” enviado por Argentina en noviembre de 2019, y cuya denuncia fue oportuna para disimular las contradicciones de los masistas al intentar invalidar las declaraciones del excomandante de la FAB que corroboran lo que ya se sabía de la estrategia de Morales para provocar un enfrentamiento entre bolivianos.
Esa estrategia para imponer el embuste del “golpe de Estado”, cuya punta de lanza es el caso fabricado por el Ministerio de Justicia y que ya mandó a la cárcel a más de una docena de exautoridades civiles y militares, ahora ingresa en la etapa de la imposición por la amenaza.
Así lo evidencian las repetidas advertencias de un viceministro y del Procurador General del Estado que anuncian persecución judicial a quienes cuestionen la fantasía oficialista del “golpe de Estado”.
Esa persecución será sin duda más efectiva y brutal con la Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, ya aprobada en el Senado, y que de aplicarse permitirá la violación de derechos fundamentales, como con las escuchas telefónicas sin orden judicial, a sola sospecha.
El desprecio gubernamental por el ordenamiento jurídico vigente se replica en otros niveles como en el avasallamiento de tierras privadas, comunitarias y fiscales, o la destrucción impune de infraestructura hotelera. Mientras, la educación de millones de estudiantes es deficiente, la economía tambalea y la corrupción continúa campante.
