¿Y ahora quiénes pagarán todo este desastre?

¿El Gobierno? ¿El Estado? ¿Los cocaleros? ¿Los grupos afiliados a la COB y su máximo dirigente, Mario Argollo? ¿Los interculturales? ¿Los marchistas? ¿Los bloqueadores? ¿Los subversivos de San Julián? ¿Evo Morales y sus hordas? ¿Los miembros de la agrupación Túpac Katari? ¿Los ponchos rojos? ¿El narcotráfico? ¿Los que destruyeron las carreteras abriendo profundas zanjas, no solo en los caminos, sino también en el tejido social y económico del país?

¡No!

La respuesta es mucho más cruel y, al mismo tiempo, mucho más predecible. Ninguno de ellos pagará realmente la factura de este desastre. La pagarán quienes siempre terminan pagando las crisis bolivianas: los más pobres, los emprendedores, la empresa privada, los productores agrícolas y pecuarios, el transporte pesado, las pequeñas empresas familiares, los profesionales independientes, los estudiantes y los jóvenes que todavía creían que existía un haz de luz al final del túnel.

Ellos ya están pagando.

Después de 49 días de secuestro del país, el descalabro es total. Bolivia permanece exactamente en el mismo punto donde comenzó esta tragedia: sin solución, sin horizonte, sin certezas y con una pregunta gigantesca suspendida sobre el futuro nacional. ¿Qué pasará con Bolivia?

Lo más preocupante es que el desastre parece haberse normalizado. Hace semanas que el país observa videos de camioneros atrapados en las carreteras, solicitando agua, alimentos y medicamentos. Hace semanas que productores pierden cosechas, comerciantes ven desaparecer sus ingresos y empresas paralizan operaciones. Hace semanas que la economía acumula pérdidas millonarias. Sin embargo, el impacto emocional y político de estas historias parece haberse diluido.

Lo extraordinario se convirtió en cotidiano.

La tragedia dejó de sorprender. Y cuando una sociedad comienza a acostumbrarse al deterioro, corre el riesgo de perder su capacidad de indignación.

Mientras tanto, desde el poder se percibe una actitud de desconcertante pasividad. El Gobierno de Rodrigo Paz parece observar los acontecimientos con una obsecuencia preocupante frente a quienes mantienen al país paralizado. El silencio oficial se ha vuelto ensordecedor. La capacidad de reacción parece haberse reducido a declaraciones, llamados al diálogo y expresiones de buena voluntad que no logran alterar la realidad.

Los victimarios, por el contrario, parecen sentirse cada vez más cómodos. Se mofan del sufrimiento de miles de ciudadanos, de la debilidad institucional y de la incapacidad del Estado para restablecer plenamente el orden. Y mientras la población observa cómo se deterioran sus condiciones de vida, el gran logro que se anuncia es que los bloqueos bajaron a 52 puntos.

Como si semejante cifra fuera motivo de celebración. Como si el problema fuera estadístico y no humano.

Como si el país pudiera sentirse aliviado porque pasó de una situación insostenible a otra apenas menos grave.

Pero existe una dimensión todavía más preocupante que la económica: la jurídica.

Porque toda crisis de esta magnitud obliga a formular una pregunta elemental: ¿quién responderá por los daños ocasionados?

Las carreteras destruidas, los bienes públicos afectados, los millonarios perjuicios económicos, las empresas quebradas, los productores arruinados y los ciudadanos privados de derechos fundamentales no pueden convertirse simplemente en una anécdota más dentro de la larga historia de conflictos bolivianos. Alguien debe responder. O, mejor dicho, muchos tiene que pagar caro por este descalabro.

Las responsabilidades no pueden diluirse en la retórica política ni esconderse detrás de consignas ideológicas. Un Estado serio tiene la obligación de identificar responsables, abrir investigaciones, iniciar procesos y aplicar sanciones cuando corresponda. No se trata de persecución política. Se trata de justicia. Se trata de proteger el Estado de derecho y de enviar una señal clara de que la destrucción deliberada de un país no puede quedar impune.

Por eso surge una pregunta inevitable: ¿lo hará Rodrigo Paz? ¿Lo hará la Fiscalía? ¿Se investigará a quienes promovieron, financiaron, organizaron o ejecutaron acciones que derivaron en la paralización nacional? ¿O todo terminará, una vez más, en declaraciones altisonantes, en la impunidad y expedientes archivados?

Porque si después de 49 días de caos no existe ninguna consecuencia jurídica, el mensaje será devastador: en Bolivia se puede secuestrar un país entero sin asumir ninguna responsabilidad.

Sin embargo, aun si mañana desaparecieran todos los bloqueos, la verdadera prueba para el Gobierno apenas comenzaría.

¿Cómo enfrentará Rodrigo Paz las consecuencias económicas posteriores a este descalabro?

La economía no se recupera mediante discursos ni conferencias de prensa. Los daños acumulados durante semanas permanecerán mucho tiempo después de que desaparezcan los últimos puntos de bloqueo. Habrá inflación, contracción económica, problemas de abastecimiento, pérdida de liquidez en las empresas, cierre de pequeños emprendimientos, quiebra de negocios familiares, deterioro del sector agropecuario, pérdida de mercados y fuga de capitales.

El impacto no será únicamente económico. También será institucional. La confianza es uno de los activos más importantes de cualquier nación. Sin confianza no hay inversión. Sin confianza no hay crecimiento. Sin confianza no existe previsibilidad. Y hoy Bolivia enfrenta una profunda crisis de credibilidad.

¿Qué garantías económicas ofrecerá el Gobierno para recuperar las inversiones? ¿Qué garantías jurídicas brindará para proteger la actividad privada? ¿Qué mecanismos de seguridad ciudadana e institucional se implementarán para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse?

Son preguntas fundamentales. Y hasta ahora no tienen respuesta. Más aún, este conflicto ha dejado un antecedente extremadamente peligroso. En el hipotético caso de que la tragedia concluya mañana, ¿qué garantías existen para que dentro de algunos meses el país no vuelva a enfrentar exactamente la misma situación? ¿Qué cambió estructuralmente? ¿Qué reformas se realizaron? ¿Qué mecanismos institucionales se fortalecieron?

¿Qué lecciones aprendió el Gobierno, el Estado? La respuesta parece ser ninguna.

Han pasado 49 días y seguirán pasando más. No existe un atisbo claro de solución verdadera que consolide definitivamente el fin de los conflictos. La mesa de diálogo entre el Gobierno y la COB es un intento de aproximación, pero en los hechos, sigue siendo una convocatoria de sordos, cada cual con sus resistencias, sus pulsetas de poder y de imposición. La COB continúa con un discurso beligerante e inconsistente. Sus argumentos no convencen a nadie. Se la ve agotada, desgastado, devaluada y despreciada. Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que el diálogo funciona y que la reducción de algunos puntos de bloqueo demuestra avances.

Podemos permanecer indefinidamente dentro de esa narrativa. Podemos seguir celebrando reducciones parciales de puntos de bloqueo. Podemos continuar administrando la crisis como si fuera una victoria. Mientras tanto, el país agoniza. Su economía se pulveriza. Su institucionalidad se debilita. Su tejido social se fractura. Y la confianza ciudadana continúa derrumbándose.

Por eso, más temprano que tarde, el Gobierno tendrá que anunciar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia. Créditos blandos, alivios financieros para empresas y familias, programas de recuperación productiva, fondos de emergencia para quienes perdieron todo, incentivos para la inversión y, probablemente, mecanismos de financiamiento internacional provenientes de organismos multilaterales. ¿El alivio tributario a través de la Ley 17 33, será suficiente?

Pero incluso esas medidas podrían resultar insuficientes si no existe una visión clara de país.

Porque una parte importante de este descalabro tiene su origen precisamente en la ausencia de un horizonte económico y político definido. La improvisación terminó sustituyendo a la planificación. Las respuestas coyunturales reemplazaron las estrategias de largo plazo. Cada vacío de liderazgo abrió espacio para una crisis mayor.

Gobernar implica mucho más que hablar. Implica decidir. Implica asumir responsabilidades. Implica anticipar escenarios.

Implica construir instituciones capaces de resistir las tormentas. Y, sobre todo, implica conducir a una nación hacia un destino claramente definido. Hoy Bolivia no enfrenta únicamente una crisis de bloqueos.

Enfrenta una crisis de autoridad, de institucionalidad, de confianza y de rumbo. Las zanjas abiertas en las carreteras podrán rellenarse algún día. Las pérdidas económicas eventualmente podrán recuperarse. Pero las grietas que se están profundizando en la convivencia nacional, en la confianza ciudadana y en la credibilidad del Estado serán mucho más difíciles de reparar. Mientras los actores políticos continúan disputándose el poder, millones de bolivianos siguen pagando una factura que nunca les correspondió.

¡Como siempre!

El autor es comunicador social