Una sentencia dictada desde Lauca Ñ

El 29 de agosto de 2006, el expresidente Evo Morales, junto a Patricia Ballivián de ABC y el entonces prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sobrevolaron la zona de El Sillar con la finalidad de verificar el trazo del camino alternativo a Santa Cruz propuesto por el prefecto cochabambino, quién manifestó que en los siguientes 60 días se tendría el proyecto a diseño final que evitaría el conflictivo tramo de El Sillar, zona de permanentes derrumbes que cortan el tráfico vehicular entre Santa Cruz y Cochabamba.

La ruta propuesta por la prefectura parte de Aguirre hacia el norte hasta el camino antiguo al Chapare. Tras vencer la cumbre desciende hacia Qhomer khucha hasta el río San Mateo, empalma con el camino antiguo en El Palmar y llega a la carretera actual en la zona de Paractito.

Con este nuevo trazo se garantizaría la transitabilidad en esa carretera interdepartamental los 365 días del año. Efectivamente el proyecto fue elaborado y presentado, pero el Gobierno lo desestimó (al igual que otros dos proyectos elaborados por encargo del gobierno central) pese a que según la sociedad de ingenieros eméritos de Cochabamba es la mejor alternativa y constituye una solución al problema.

El Gobierno de entonces prefirió contratar una empresa china con el sistema llave en mano que significa no solo la construcción sino también el diseño del proyecto. El resultado es que la rehabilitación del tramo de El Sillar sigue sin solución y se ha constituido en una sangría económica permanente.

Lo escandaloso de esta historia no es que se hubieran elaborado tres proyectos que no se ejecutaron: el de la prefectura, con un costo de 400.000 dólares y los del gobierno central por 2.000.000 de dólares, ni siquiera que no se haya solucionado el problema de El Sillar y esté en manos de una empresa china, sino que aprovechando un informe que manifiesta que en la alternativa prefectural se afecta al Parque Nacional Carrasco (como si todo El Sillar no estuviera en ese territorio protegido), inician un proceso por “conducta antieconómica”. Y, a pesar de no estar presente en el país el exprefecto Reyes Villa, llevan el juicio en ausencia ignorando el debido proceso, asignando un defensor de oficio designado por el juez a solicitud de la parte demandante, aplicando retroactivamente la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Así, forzando los hechos llegaron a la sentencia penal de cinco años de cárcel en contra del actual alcalde de Cochabamba.

¿Y los juicios por los otros proyectos elaborados por encargo de Evo Morales? Nunca se iniciaron ni se iniciarán porque la concentración del poder del Estado en Morales cuando era presidente y hoy como presidente de facto a la sombra del señor Arce Catacora les permite ser impunes y perseguir a los líderes independientes que no se someten a la voluntad del caudillo del partido de gobierno.

Según el abogado internacionalista Sergio Castro, en entrevista televisiva, la sentencia penal dictada en ausencia del acusado es ilegal y nula de pleno derecho atendiendo a jurisprudencia internacional y nacional, tema que seguramente será refrendado cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie en este caso que ya fue admitido. Sin embargo, entretanto, rige en Bolivia el abuso de poder y la sentencia en contra de Manfred Reyes Villa es la prueba de lo afirmado. No dudo que pueden existir magistrados y jueces probos, pero la presión política y las amenazas contra ellos a veces se torna irresistible.

El autor es Oficial Mayor Jurídico del Concejo Municipal de Cochabamba