Diálogo, no división
La invitación formulada por el Ministro de Economía a “los representantes de los gremiales” para “conversar aspectos relacionados con la Ley 1386” podría parecer una señal de que el Gobierno está considerando cierta apertura para encarar las protestas contra esa norma.
Pero más parece un intento de división, la estrategia aplicada de manera habitual por el MAS para evitar conflictos y desarmarlos desbaratando a las organizaciones descontentas con las acciones oficialistas.
Y es esa señal, la del intento de división, la que se impone en la lectura de los sectores movilizados, de todos, pues el descontento y reclamo no es exclusivo de los gremiales.
“Nosotros no vamos a ir solos a una reunión como sector”, decía anoche un líder nacional de los gremiales. “Es importante la participación de (todos), para ello se está llamando a un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba y al finalizar el encuentro o el ampliado nacional, vamos a emitir criterio ya definido”, informaba anteanoche a Los Tiempos un líder nacional de los gremiales. Ayer ese ampliado decidió condicionar el díalogo con el Gobierno a la abrogación de la Ley 1386.
La invitación del Ministro de Economía, sólo a los gremiales y sólo para “conversar” sobre la cuestionada ley evocaba sin equívoco la “socialización” que el Gobierno ha estado promoviendo con organizaciones afines al MAS. Eso, hasta que la movilización nacional contra la 1386 y la magnitud que está alcanzando, lo animaron a hacer lo mismo con sectores específicos, como los transportistas de La Paz, ayer, sin los resultados que seguramente esperaba.
Mientras las movilizaciones se han extendido a ocho capitales de departamento, sin asomo de un posible debilitamiento. Las protestas llevan ya cinco días, el segundo de ellos particularmente violento y con excesos por parte de la Policía y los grupos de choque del MAS apoyados por el Gobierno.
Es posible que el resultado de esos excesos: la muerte de un joven campesino en Potosí y las agresiones brutales en contra de bloqueadores, en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, e incluso periodistas en Oruro, hayan provocado la moderación de las fuerzas represivas. El cambio de seis comandantes departamentales de Policía podría ser indicio de un cambio de actitud del oficialismo.
Aunque las autoridades gubernamentales, incluido el Presidente del Estado, mantienen el tono y contenido de sus discursos, atribuyendo a las movilizaciones intenciones de “golpe” y “desestabilización”.
Y no se trata de eso, aunque los bloqueos y marchas de ciudadanos de a pie evoquen lo ocurrido hace dos años durante 21 días hasta que Morales renunció y huyó del país.
La dinámica de la movilización actual puede ser similar a la de 2019, pero sus motivaciones son distintas: la ciudadanía se siente amenazada por una ley que, además de vulnerar los derechos fundamentales, se ha convertido en el símbolo de un modo de gobernar que excluye el diálogo con los gobernados.
