Prisiones y matones

En el revelador plano secuencia inicial de la película de Paolo Agazzi, Mi Socio 2.0, seguimos a un niño lustrabotas que ingresa al penal de Palmasola, en Santa Cruz. En apenas un minuto, desde la puerta custodiada por policías hasta la celda “de lujo” de un capo narcotraficante, tenemos una descripción completa de lo que son las cárceles en Bolivia: hacinamiento y basura para la mayoría que pasa su tiempo jugando cartas o dados, pero para los poderosos: celdas individuales, con guardias personales en la puerta, televisión, armas, señal para celulares, etc. Las cárceles en Bolivia son tema para películas de suspenso.

Todo puede pasar allí: agresiones sexuales, tráfico de drogas, venta de espacios, construcción ilegal de celdas, cobros por protección, torturas y asesinatos. Todo lo malo que sucede afuera se reproduce dentro de las cárceles potenciado estadísticamente según el número de reclusos. La situación se ha agravado año tras año por la incapacidad del sistema judicial y del gobierno para dar solución a los problemas. Por una parte, juicios interminables que nunca avanzan y, por otra parte, ausencia de una política de Estado que encare la necesidad de nuevas cárceles, cuyas condiciones físicas y de administración impidan la autonomía delincuencial que existe.

En documentales sobre prisiones en Europa o en Estados Unidos vemos cárceles “normales” (ninguna prisión debería ser algo normal), donde cada recluso tiene una celda, por pequeña que sea, con un lavamanos y un WC de metal, que no pueden ser movidos o utilizados como armas. No hay puertas en las celdas, sino rejas que se abren electrónicamente desde un lugar central para que salgan los presos a horas autorizadas. En prisiones de alta seguridad los presos reciben la comida en sus celdas, y en otras salen en grupos a una sala común y para hacer ejercicios en un patio debidamente resguardado.

Eso está lejos de suceder en Bolivia, donde las cárceles son la marginalidad de la marginalidad elevada a la enésima potencia. Paradójicamente, algunas fueron construidas en su momento como cárceles modelo, lo más avanzado para su época. Es el caso del panóptico de San Pedro, cuyo diseño permitía la vigilancia desde cuatro torres en las esquinas, de manera que los presos pudieran circular con relativa libertad. Pero fue construido para 800 presos y hoy tiene más de 2 mil. El diseño de panóptico ya no es funcional porque se han construido arbitrariamente pabellones que desfiguran la idea de un panóptico.

Los propios presos, sin consultar, construyen celdas y las alquilan. Ellos gobiernan, no el alcaide o gobernador. Conocí el panóptico de San Pedro cuando mi padre estuvo preso durante la dictadura de Barrientos, junto a dirigentes de la Federación de Mineros (Fstmb) y delincuentes comunes, como los del atraco de Calamarca.

Los “barrios” de Los Pinos y Álamos eran los “mejores”, luego había otros como Guanay, donde iban a parar los peores delincuentes. En esa época no había tantos presos por droga, pero ahora constituyen la mayoría de la población carcelaria. Los mafiosos dominan las cárceles, en complicidad con las autoridades. La captura del asesino serial Richard Choque ha permitido develar detalles de cómo se obtiene poder dentro de una cárcel, para obtener privilegios insospechados, y cómo se urden la trama de corrupción afuera, involucrando a fiscales, jueces, abogados, médicos forenses, etc. Dan ganas de vomitar.

Luis Espinal hizo un documental sobre San Pedro donde muestra un espacio que era una prisión menos hacinada que ahora. En cincuenta años la situación es muy diferente porque la delincuencia ha crecido en el país de manera desproporcionada, sobre todo vinculada a todos los tráficos posibles y todas las violaciones de leyes que existen, pero no se aplican. Hoy, 61 cárceles en Bolivia tienen capacidad para 5.413 reos, pero albergan a 17.836. Es inadmisible. He conocido también por dentro la cárcel de San Sebastián en Cochabamba y el Centro de Reinserción Social para Jóvenes y Adolescentes Qalauma, ubicado en Viacha, a más de 22 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Esta última es la única que se podría calificar de “normal” por el espacio disponible para los reclusos y por las actividades que realizan (panadería, metalmecánica, carpintería, biblioteca, etc). La situación es insostenible. El gobierno no maneja las cárceles, lo hacen las mafias. Ya que el Estado ha mostrado a lo largo de décadas su incapacidad, las prisiones deberían privatizarse, como en otros países. Se debería contratar a empresas que construyan prisiones seguras, sobre modelos que ya se han probado ampliamente, y que las administre evitando en lo posible la corrupción y el tráfico de influencias.