De la aberrante prisión preventiva

La muerte del señor Aramayo ha causado una enorme indignación, curiosamente los más indignados son quienes no pertenecieron a su partido político y quienes ponen paños fríos, inclusive a sus conciencias, son quienes en algún momento le llamaban “hermano”, porque los del partido de gobierno así se tratan entre ellos.

Esta muy triste muerte es producto en primer lugar de la politización de la justicia, de la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pero también refleja dos otros aspectos. La podredumbre interna del Poder Judicial: ¿cómo puede parecerle normal y aceptable a un juez y a un fiscal que una persona tenga más de 200 juicios?, ¿cómo puede parecerle aceptable a esa gente que una persona acusada tenga que ir no de Herodes a Pilatos, sino de Beirut a Jerusalén, pasando por Bagdad, para enfrentarse a distintos juicios?

¿Cómo puede un policía que traslada a la persona no tener un mínimo de humanidad, y no tratar mal al cuasirreo o siquiera un poco de temor de ser denunciado por abuso de autoridad y sufrir las consecuencias?

Toda la secuencia de injusticias que sufrió el señor Aramayo pueden ser producto, como lo señala Jorge Patiño, en un artículo de hace un par de días, de la venganza de la mafia hacia un miembro de ésta que resultó siendo un delator y por ende un traidor, pero tiene también que ver en parte con una bajísima calidad humana de toda la cadena de servidores públicos que estuvieron involucrados en el tratamiento que se dispensó al acusado.

Este comportamiento, esta deshumanización, hace juego con la indiferencia ciudadana, con una opinión pública que se indigna sólo ante situaciones extremas. Y que no tiene en su chip, o en su ADN, la conciencia del respeto al ciudadano, vale decir, al ser humano.

Los horrores de la justicia boliviana son múltiples y la posibilidad de lograr una reforma mínimamente decente es muy pequeña, pero es posible que unos cuantos pasos podrían darse para empezar a respetar los derechos de las personas. Me refiero a la presunción de inocencia, que está reñida en la inmensa mayoría de los casos con la prisión preventiva, acción que es por un lado un verdadero abuso de poder y una flagrante contravención a la Constitución vigente.

La prisión preventiva se utiliza para todo y para nada. Y es el inicio de un verdadero viacrucis para gente inocente y para personas que podrían ser responsables de un delito o de un crimen, pero que de todos modos deben ser respetadas en sus derechos y en su dignidad como seres humanos.

El caso de Marco Aramayo es uno de los miles de casos de personas que además sufren la retardación de la justicia, estando privados de libertad. Su final fue trágico, pero la situación de esas miles de personas que no pierden la vida, pero que pierden años de sus vidas, no debe ser ignorada. 

El envío a la cárcel de cualquier sospechoso y las injusticias que éste sufre, a partir de que pisa un recinto penitenciario, tienen el obvio efecto de un gran desprestigio para el sistema y eso lleva a no creer en la culpabilidad de alguien que pasa por la justicia boliviana, aun estando condenado. 

Llama la atención el círculo vicioso que se arma respecto a las detenciones preventivas y es que es posible que éstas sean dictadas por temor a que los imputados o acusados fuguen, pero ante los atropellos tan explícitos y extremos a los que esas personas son sometidas la fuga se vuelve casi como la única opción razonable.

Posiblemente el primer gran paso deberá ser dejar de convertir la detención preventiva en una rutina: no se estaría solucionando el laberíntico problema de la justicia boliviana, pero que sería un paso, lo sería.