Bukele se ve y huele podrido

Nayib Bukele, el “millennial” alcalde de Nuevo Cuscatlán, ganó con más del 53% en 2019 la presidencia de El Salvador, país con las más altas tasas de asesinato del mundo (103 por 100.000 habitantes en 2015), donde la encuesta del Latinobarómetro en 2018 reveló que sólo 28% de la población considera importante a la democracia y a un 54% le daba lo mismo vivir en ella que en dictadura; dato al cual se suma que Héctor Silva, en nota de Infobae de 30/05/2021, difunde una investigación acerca de cómo Nicolás Maduro ayudó a esa victoria a través de una red de lavado de dinero. 

Aurore Bayoud, en un artículo digital de France 24 de 02/04/2022, dice: “Según estimaciones, hay unos 70.000 pandilleros en El Salvador. Las pandillas surgieron tras el final de una cruel guerra civil de doce años (1980-1992) y como resultado de las deportaciones de miembros de bandas criminales de Estados Unidos”. Es que las guerras, sean por la causa que fuera, gradúan profesionales de la violencia y la muerte. 

En noviembre de 2021, Bukele se jactó de haber combatido con éxito la violencia, como reconoce una nota de El País de Madrid el 28/02/2021, día de las elecciones legislativas de medio término en el país centroamericano: “Después de décadas de sangrienta violencia de las pandillas, las tasas de homicidios se han desplomado en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019. En estos 20 meses de gestión, El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo sin una guerra declarada a tener las tasas más bajas de la región”, lo cual derivó en que “Nuevas Ideas”, sigla de Bukele, ganara con el 53% esas elecciones. ¿Cuál fue la “magia”?

Sin pertenencia a partido alguno, Bukele no se sujeta a ningún programa; improvisa desde que asumió el poder, sin una oposición articulada con posibilidad alguna de hacer algo al respecto, menos aún después de las elecciones de medio término. La disminución de sueldos y la malversación de recursos públicos; la negación de atención de salud a los reclusos durante la pandemia de Covid-19; la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la reforma de la normativa que regula la conformación y funcionamiento del poder judicial; la oficialización de la circulación del bitcoin obligando a aceptarlo en transacciones comerciales; la presión a los congresistas mediante presencia militar amenazante para la aprobación de sus proyectos de ley, son algunas medidas tomadas por el presidente de El Salvador. Con respecto a la criminalidad, optó por aplicar el derecho penal del enemigo para combatirla desde 2020, con “mano dura”, autorizando a la policía matar a los pandilleros e incorporando a militares en el control del territorio, bajando los asesinatos hasta 2022. El 27 de marzo pasado, según informa el New York Times, 62 personas perdieron la vida en una matanza protagonizada por pandilleros. 

Los entretelones de esta problemática fueron investigados por el prestigioso medio online El Faro, demostrando “de forma concluyente que el Gobierno de Bukele había cerrado un acuerdo con las dos bandas criminales más poderosas del país. Se dice que se negociaron beneficios para pandilleros encarcelados y otras promesas, a cambio de una reducción en la tasa de homicidios antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021, que el partido en el gobierno ganó de forma aplastante”, según publicación de El Periódico de Tarija el 29 de marzo pasado. Esto explicaría la forma de dirigirse de Bukele a los líderes de las pandillas, no como un jefe de Estado, sino de igual a igual con ellos. 

El Congreso salvadoreño, sin discusión previa gracias a la mayoría del gobierno, aprobó el 30 de marzo estado de emergencia de 30 días autorizando detenciones sin orden judicial y medidas como penas de 20 a 30 años por ser de una pandilla y/o cometer delitos de narcotráfico y/o extorsión, de 40 a 45 para sus creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, juicio a menores de edad como adultos y protección de identidad de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con las pandillas. Asignó 80 millones de dólares para rearmar a las fuerzas de seguridad, estableció recompensas por denuncias o entregas de pandilleros y cupos de detención obligatorios para los policías. Además, amenazó con matar de hambre a los detenidos si las muertes no cesan. 

¿Es la violencia de Estado el camino para ganar al crimen? Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América, afirma que las políticas de “mano dura” sólo provocan graves violaciones a los derechos humanos, sin solucionar el fondo de la problemática criminal. Coincido y añado: en tal contexto, el poder autoritario convierte a los agentes del orden en torturadores y asesinos, impactando en las bases de la convivencia social civilizada. 

Lo peor de todo es que Bukele se ha convertido para muchos, en el mundo entero, en un ejemplo a ser imitado. Algo anda mal, muy mal, si no se escuchan más voces críticas a semejante insensatez.