Aumento salarial cuestionable
Definido el incremento salarial para 2022 en 3 por ciento para el salario básico y 4 por ciento al mínimo nacional, resta reflexionar sobre los hechos que han rodeado a esta negociación y, además, tratar de vislumbrar sus efectos sobre la economía.
En primer lugar, salta a la vista el contenido político, antes que económico, que ha llevado a los dos actores centrales de estas tratativas, el Gobierno y la COB, a establecer los mencionados porcentajes de incremento salarial. Sin fundamentos claros que sustenten las cifras definidas, la explicación hay que buscarla en la ya clásica conducta prebendalista del Gobierno con la dirigencia cobista; así, no resulta sorprendente que el Ejecutivo un día “regale” hoteles y al día siguiente vagonetas o lo que pidan sus aliados sindicalistas, por supuesto que con recursos públicos; ahora, el “regalo” es un aumento salarial que será, en el ámbito público, solamente para los sectores de salud y educación, porque no puede ser pagado a todos los empleados públicos (medio millón de masistas).
Pero lo que resulta más chocante es que este aumento, que debe ser pagado por las empresas, fue definido mediante un acuerdo político entre dos aliados y en ausencia del sector privado, que es, finalmente, el que debe cargar con la obligación.
En la actualidad, un 60 por ciento de la economía está bajo el control del empresariado, mientras que el restante 40 por ciento es estatal, pero, pese a la mayoritaria participación privada en las actividades productivas y de servicios, el Gobierno nunca invita al gremio empresarial a una negociación tripartita para definir los asuntos salariales, que es lo que cabe, sino que le informa sobre lo obrado, como ocurre desde que el MAS ha asumido el poder. Acaso lo más perturbador sea espectar la resignación estoica con que el sector privado acepta esta imposición bilateral todos los años.
Pero este incremento de carácter político tendrá serios efectos directos sobre un sector privado que a duras penas se recupera de los confinamientos y la reducción de las actividades productivas y comerciales en las fases más duras de una pandemia que ya dura más de dos años. Lo más racional hubiera sido aprobar un incremento salarial en aquellos subsectores privados que se han logrado reactivar y producir más, pero el Gobierno y la COB, siguiendo una tendencia que debería cambiar, han resuelto dictar un aumento “ciego”, indiscriminado, que derivará, como ha advertido en las últimas horas el gremio empresarial, en mayor desempleo e informalidad. ¿Quién contratará a más trabajadores en estas condiciones? Las micro y pequeñas empresas no podrán pagar el incremento y se cerrarán o engrosarán el sector cuentapropista que no tributa.
Es decepcionante comprobar que el incremento salarial del Gobierno y de la COB es como un castigo contra el que catalogan como su enemigo ideológico, el empresariado. Esa visión es caduca, ya no funciona y debería ser abandonada por quienes ejercen coyunturalmente el poder.
