Despartidizar todas las postulaciones

La imposibilidad de llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa, alcanzar 2/3 y nombrar al Defensor del Pueblo da cuenta de la ausencia de voluntad política para encontrar puntos de aproximación entre oficialismo y oposición y, sobre todo, de la visión sectaria de la cosa pública, especialmente de parte del partido de gobierno.

Está claro que la Asamblea está inhabilitada para calificar méritos de postulantes y no sólo a la Defensoría sino a todos los cargos que por Constitución está facultada: Defensoría, Contraloría, Fiscalía y candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. 

Ya afirmamos los 10 juristas independientes, cuando formulamos la propuesta de reforma judicial, que una de las bases para lograr independencia e idoneidad es eliminar la atribución parlamentaria de selección de postulantes a jueces supremos. Nuestro razonamiento arranca, en lo concreto, del fracaso reiterado en 2011 y 2017 de las dos elecciones judiciales, que fueron malogradas precisamente porque esa selección, manipulada por los 2/3 del MAS, tomó en cuenta afinidades partidarias antes que méritos, con lo que el copamiento gubernamental se consumó y el sometimiento político se agravó. En general nuestro razonamiento parte de la visión conceptual universal de que es esencial desligar los nombramientos judiciales de todo actor político si, efectivamente, se busca justicia proba e imparcial. 

Es que los 2/3 de los que ahora carece el MAS no garantizan en absoluto nombramientos basados en méritos, porque está demostrado que las visiones partidarias en Bolivia son irreductibles. En el caso del Defensor, parece que el MAS sorprendió la “buena fe” de los opositores y, en una maniobra de último momento, descartó a candidatos competitivos, habilitando a quienes habían sido de su preferencia. Pero además, en el caso de la Defensoría, no hay lugar a cuoteo porque hay un solo titular y, por lo tanto, lograr la mayoría de 2/3 no tiene forma fácil de “compensación”. Parece ya fallida la actual convocatoria y, por ello, hay que volver a fojas cero y reiniciar un nuevo proceso. La pregunta es si nuestra dirigencia política tiene vocación democrática suficiente para concertar, porque de lo contrario el empantanamiento y los interinatos serán el destino final de los altos cargos unipersonales. Pero algo más grave puede ocurrir con los postulantes a jueces supremos y consejeros el próximo año cuando, de no producirse la reforma que estamos propugnando, se volvería a seleccionar en la Asamblea a más de un centenar de postulantes a los 26 cargos de la cúpula judicial, incluyendo a otros 26 suplentes. Ahí sí, en la lógica partidaria, habrá espacios negociables para todas las fuerzas parlamentarias y podrá desplegarse, con los disimulos necesarios, el cuoteo. El resultado de esa posible repartija será aún más catastrófico para la administración de justicia, cuya crisis tiene contornos de tragedia nacional inaguantable.

Tanto desde del Gobierno, como desde alguna oposición, se está planteando preliminarmente “delegar” por ley, desde la Asamblea, la atribución de seleccionar postulantes judiciales a una “comisión externa” de carácter ocasional y cuya composición y forma de designación se desconoce. Ello no sólo será inconstitucional, porque tal delegación de la soberanía popular no existe, sino que comisiones transitorias no tendrán autoridad alguna para ser independientes y creíbles a la hora de las postulaciones.

Por eso nuestra propuesta de reforma es clara: hay que reformar parcialmente la CPE, para eliminar la atribución legislativa de selección y calificación, y constitucionalizar la “Comisión Nacional de Postulaciones” encargada de la convocatoria, selección, calificación y aprobación de ternas para todos los postulantes del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Dichas ternas vinculantes deberán reunir en cada una a tres postulantes que hayan superado el 75% de la calificación total, encargando la designación a la Asamblea Legislativa, pero sujeta a un referendo ratificatorio final.

Nuestra propuesta plantea que esa Comisión esté integrada por seis personalidades de prestigio, dos designadas por la Asamblea, una por el bloque de mayoría y otra por el de la minoría; dos por el sistema universitario, una por el sistema público y otra por las universidades privadas; una quinta por el Colegio Nacional de Abogados y la sexta por el sistema jurídico indígena originario.

Luego del fracaso de la elección del Defensor, varias voces sugieren que la mejor salida es que también la “Comisión Nacional de Postulaciones” abarque al Defensor, al Fiscal General y al Contralor.