Universidad y país, desafíos

En 2018 el Congreso Nacional de Universidades fracasó por decisión del “instrumento político”, dado que la “correlación de fuerzas” no garantizaba que quienes sean elegidos como miembros del CEUB, máximo nivel de coordinación universitaria de Bolivia, fueran “azules”. Así, la institucionalidad del Sistema Universitario Nacional fue quebrada al dejar de funcionar el CEUB, siendo reemplazado por un engendro llamado “presidium”, formado por el rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (UATF), sede del Congreso, y los principales dirigentes nacionales de los docentes y estudiantes. Los dos primeros, propiciaron que el tercero, “estudiante” matriculado que no estudiaba hacía más de 20 años, usurpe funciones y se adueñe del sistema universitario, articulando en tal condición una red de uso y apropiación indebida de los bienes públicos, de acoso, extorsión y chantaje, con graves indicios de comisión de otros ilícitos más graves aún; situación de corresponsabilidad de las autoridades, los dirigentes docentes y estudiantiles de todas las universidades afiliadas al sistema en el país, cuyo estado terminal fue evidenciado por la explosión de una granada de gas lacrimógeno en el coliseo de la UATF con un saldo de cuatro estudiantes muertas y decenas de heridos; todo para evitar que se elija una nueva directiva de la Federación Universitaria Local, para sabotear una vez más la realización del Congreso Nacional fijado para el 23 de mayo.

No son hechos aislados ni infrecuentes. Desde 2006 el “instrumento político”, grupo cupular de dirigentes de las llamadas “organizaciones sociales”, aplicó la misma estrategia con respecto al sistema judicial, al órgano electoral, a la Contraloría General del Estado, al Banco Central y al Instituto Nacional de Estadística, a las Fuerzas Armadas, a la Policía y, por supuesto, a todos los organismos que conforman la estructura del Poder Ejecutivo, incluyendo los servicios de educación y salud, contraviniendo principios y leyes, normalizando la improvisación, la incompetencia y la corrupción; todo para coparlos como condición de su conversión en instrumentos funcionales a sus intereses en torno a la expropiación del país en pos del enriquecimiento criminal de los dueños del poder. Es el proceso más abusivo de privatización, no tan sólo de empresas sino del mismo Estado, que haya habido en Bolivia, cuyo efecto es la correlación entre la descomposición de la institucionalidad pública y el incremento de la criminalidad y la inseguridad, impactando sobre nuestras vidas. Nos robaron el país, les quitaron la autonomía a las universidades, sostenida y desembozadamente, ante nuestra incredulidad, primero, y ante nuestra indignación e impotencia, después. 

¿Qué se debe hacer al respecto? La respuesta no es simple ni singular; sin embargo, lo acontecido en el XIII Congreso Nacional de Universidades, cuyo único logro, pálido e insuficiente, es la reposición formal de un CEUB mediante elecciones ensombrecidas por las irregularidades cometidas y consentidas por los operadores del oficialismo a lo largo y ancho del sistema universitario, se revela como un caso altamente representativo de la situación actual de Bolivia y nos aproxima a una de las claves más importantes, al nudo que los militantes de la causa democrática y los derechos humanos debemos desatar inexcusablemente para frenar la escalada del modelo dictatorial estilo cubano y recomenzar la tarea de recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. Es una verdad de Perogrullo, un lugar común: organización. 

Organización, reponiendo el tejido social desgarrado por la propaganda, la prebenda y el miedo, sobre la base de nuestra conciencia de destino común; ejerciendo nuestros derechos a la libre asociación y a la participación en los asuntos públicos; promoviendo la causa del rescate democrático y los liderazgos regionales y nacionales que mejor la representen. La palabra “política” sintetiza todo ello. Sí, vamos a hacer política, vamos a crear estructuras de aglutinación de la ciudadanía para la toma del poder haciendo uso de todas las vías que la democracia contiene. En ese camino, vamos a pensar, a comunicarnos y a actuar juntos. Vamos a andar y a correr. 

Ese es también el desafío universitario: la creación de un movimiento para la recuperación de la autonomía poniendo fin al sometimiento de las universidades a los intereses de los operadores criminales del oficialismo, y entonces ir a por las reformas para mejorar la pertinencia y la calidad de la formación profesional, la producción del conocimiento y la promoción del desarrollo cultural en el país. Y la responsabilidad mayor recae sobre los docentes, base humana permanente de la comunidad universitaria, espejo en el que se reflejan los estudiantes. De ellos esperamos las respuestas al desafío.