Sicariato en las cárceles
La muerte violenta del juez Wilber Cruz en plena ciudad de Cochabamba marcó un antes y un después en los niveles de criminalidad del país y el sicariato.
Nunca antes un administrador de justicia había perdido la vida como consecuencia de su trabajo: impartir justicia. Sin embargo, el caso no terminó ahí; sino que continuó y derivó en más violencia con la muerte de uno de los sospechosos en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.
El asesinato ocurrido en una de las cárceles de máxima seguridad del país a manos de dos sicarios brasileños que se declaran parte del denominado Comando Vermelho de Brasil, muestra no sólo las fallas del sistema penitenciario; sino que el asesinato por encargo y otros homicidios nos son raro en esos lugares donde, teóricamente, los internos están vigilados y se controla el ingreso y posesión de armas.
Todos los indicios apuntan que tanto la muerte del juez como la del privado de libertad estarían conectados por un caso anterior que derivó en la detención de una banda de secuestradores que operaba en el trópico de Cochabamba y que sería responsable de varias muertes.
Nuevamente el Chapare aparece como el epicentro de una violencia generada por grupos criminales que se ha desbordado a otras regiones como la ciudad de Cochabamba y las cárceles que deberían ser las más seguras: Chonchocoro y Palmasola.
Es complicado prever dónde terminará la violencia que detona por los secuestros, el narcotráfico y el crimen organizado; pero, sí es urgente que el Estado a través de las instancias especializadas enfrente este fenómeno antes de que en las cárceles de Bolivia se repliquen hechos de barbarie como ocurren en los penales de Ecuador.
Los países deben enfrentar el sicariato antes de que se convierta en un problema mayor mediante acciones integrales que se enfoquen en la prevención, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional para la detección de grupo de riesgo.
Bolivia está a tiempo de frenar este flagelo identificando los puntos críticos como las regiones afectadas por los ilícitos del narcotráfico, el contrabando y otros delitos. Además, se requiere avanzar en recuperar el manejo del sistema penitenciario, donde se cuente con una justicia penal eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo denunció que en lo que va del año se han identificado 17 muertes violentas dentro las cárceles del país. Y, remarcó que esto “evidencia un patrón preocupante de fallas estructurales en los sistemas de control y seguridad penitenciaria”.
La gran meta es que los bolivianos se sientan seguros donde se encuentren; ya sea, que se hallen en libertad o cumpliendo una condena. La inseguridad y la ausencia estatal son un caldo de cultivo para que el crimen organizado, por lo que, es urgente trabajar en una política criminal que neutralice estos factores.
