Defensor ratifica que hubo uso de armas de fuego en el conflicto cooperativista
LA PAZ |
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, durante el informe que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó hoy que en el conflicto de los cooperativistas mineros sí hubo uso de armas de fuego.
"Se ha corroborado la utilización de armas de fuego que habría dado muerte a los hermanos cooperativistas mineros el miércoles 24 de agosto", indicó.
En agosto, el conflicto de los cooperativistas mineros derivó en la muerte de seis personas, entre ellas cinco mineros y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
Tezanos dijo que su afirmación sobre el uso de armas de fuego en el lugar donde ocurrieron los decesos se basa en los testimonios y material que fueron recolectados.
"Una comisión de la Defensoría del Pueblo, previa coordinación con dirigentes cooperativistas, se condujo a la localidad de Panduro (carretera Oruro-La Paz) para reunirnos con ellos, y en esta reunión nos hicieron entrega de un par de casquillos de bala de 9 milímetros y de cartuchos de balines de goma calibre 12 mayor y nos dijeron que había otros heridos de bala que no habían estado en el lugar porque tenían miedo a ser aprehendidos", detalló.
Explicó que contando con ese antecedente la Defensoría recogió elementos de ocho sitios como agentes químicos, gases, diferentes tipos de casquillos de cartuchos y "esa es la base que nos hace referir que hubo y se corroboró la presencia de arma letal en el conflicto", sostuvo.
El Defensor del Pueblo aseguró también que en el conflicto se incumplieron protocolos internacionales recomendados para el tratamiento de los casos de secuestro, en este caso el viceministro Illanes.
"De acuerdo con las guías del manual de Naciones Unidas en el caso de conflictividad es un alto deber y menester cuidar las estrategias, en lo que la organización recomienda que haya un negociador", señaló.
Refirió que su despacho ofreció su intermediación -para la negociación- pero señaló que no hubo el repliegue de la Policía el 25 de agosto, lo que significó "objetivamente no haber precautelado la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba una persona secuestrada", agregó.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Sergio Choque, indicó que el informe fue "concreto" y que el uso de armas letales al que se refirió debe ser un hecho que se investigue.
"Sobre las armas de fuego es el Ministerio Público el que tiene que determinar mediante un trabajo de investigación que hace para esclarecer estos aspectos, porque señaló que hay balines en los cuerpos de las víctimas, pero no especificó si ha sido un policía u otra persona", señaló.
A su turno, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que fue claro que sí hubo el uso de armas letales fuera de reglamento, y lo que ahora se debe conocer es quién dio la orden y en qué parte de la cadena de mando se autorizó su uso.
