Gobierno y MAS prevén aprobar la ley de garantías esta semana
A ocho días del acuerdo de pacificación firmado entre el Gobierno transitorio, organizaciones sociales y el MAS, aún quedan pendientes de solución tres de ocho puntos acordados y el más álgido de ellos, la ley de garantías constitucionales, podría ser aprobado esta semana, informó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
“Hemos venido haciendo reuniones de evaluación que nos permitan ir cumpliendo esos compromisos y se han ido cumpliendo, faltan algunos, no sólo ley (de garantías) sino el de la indemnización, que es de preocupación de las víctimas”, dijo Justiniano.
El acuerdo firmado el pasado 25 de noviembre, luego de 15 días de violencia por la crisis desatada por las fallidas elecciones del 20 de octubre, incluyó ocho puntos: La ley de garantías constitucionales para que no se persiga a los dirigentes de organizaciones; conformar una comisión para liberar a los detenidos en las protestas, menos a los que hayan cometido hechos ilícitos; respeto al fuero sindical.
También se acordó garantizar el resguardo de las instituciones y empresas estratégicas del Estado; convocatoria a elecciones con plazos; no privatizar empresas estratégicas ni recursos naturales; la continuidad de planes, programas y proyectos sociales en vigencia y respetar leyes nacionales y acuerdos en vigencia.
Justiniano explicó que los puntos que faltan consensuar son los referidos a las indemnizaciones para familiares de los fallecidos en el conflicto, la ley de garantías y el respeto al fuero sindical. En el primer punto, la autoridad dijo que el Ejecutivo está analizando si se hará un indemnización con un solo pago o con una renta vitalicia.
Sobre la ley de garantías y el fuero sindical, el Ministro mencionó que se está avanzando en los consensos y aclaró que no se tratará de una ley de amnistía. “No es una ley de amnistía, de impunidad, es una ley de garantías, que garantiza que no va a existir persecución política, que se respete el fuero sindical, que se va a otorgar los salvoconductos, que se va a acordar el tratamiento de las víctimas”, dijo.
Aseveró que los dirigentes no pueden cobijarse en el fuero sindical para evitar procesos por delitos tipificados en el Código Penal.
Desde el MAS se presentó un proyecto de ley de garantías constitucionales que, entre otros puntos, planteaba que el expresidente Evo Morales sea eximido de cualquier proceso por delitos que hubiera cometido en el ejercicio de sus funciones. La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, rechazó este proyecto de ley. El tratamiento de esta norma en el Senado se paralizó la anterior semana hasta que se llegue a acuerdos.
El senador del MAS Milton Barón aseveró que el proyecto puede ser consensuado y que el partido de Evo Morales no está cerrado a realizar modificaciones.
33 muertos en el conflicto. El mes de conflictos en Bolivia dejó además decenas de heridos y más de 400 detenidos en todas las regiones del país.
GOBIERNO PODRÍA DAR SALVOCONDUTOS
El Ministerio de la Presidencia informó que se analiza otorgar salvoconductos a todos los solicitantes del anterior Gobierno de Evo Morales, incluyendo a los que tienen mandamiento de aprehensión.
Esta propuesta será debatida en la próxima reunión de gabinete. La idea es que todos los asilados en la Embajada de México puedan salir del país, incluyendo el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la también exministra Wilma Alanoca, para que puedan obtener el permiso de salida, lo que no significaría que los procesos se paralicen.
TCP DEFINIRÁ AMPLIACIÓN DE MANDATO DE LA ALP
REDACCIÓN CENTRAL
El Gobierno de transición pedirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que haga una interpretación de la Carta Magna y emita una sentencia para la ampliación del mandato de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con miras a la realización de las nuevas elecciones generales previstas para 2020.
“El Tribunal Constitucional deberá determinar si esa es un prórroga legal, constitucional, pero eso ya le corresponderá a otro órgano del Estado”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
Los legisladores actuales terminan sus funciones el 21 de enero de 2020.
En el caso del Ejecutivo transitorio, Justiniano aclaró que el periodo de funciones no vence el 21 de enero, sino que se cuentan 90 días desde la convocatoria a comicios, como señala la Constitución.
