50 instituciones se declaran en emergencia ante ola de feminicidios y presentan 5 propuestas
VOCES LIBRES
Ante la noticia de que en solo tres días hubo cinco feminicidios en Bolivia, 50 instituciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes expresaron su consternación, se declararon en estado de emergencia y convocaron a la acción a las autoridades del Estado.
El pronunciamiento público de las 50 instituciones, aglutinadas en redes y plataformas, señala que la cuarentena rígida y la dinámica han demostrado que la violencia continúa destruyendo vidas y familias en el país, dentro de los mismos hogares.
Las instituciones aliadas por la defensa de los derechos de las víctimas identificaron varios problemas que fomentan la impunidad de los agresores y que impiden que la lucha contra la violencia sea efectiva en Bolivia.
Calificaron el sistema de justicia como frío e indolente, pues las mujeres son asesinadas "cada vez con mayor crueldad y esa violencia se naturaliza, en medio de la crisis política, económica y social que el país enfrenta en plena pandemia".
Las 50 instituciones exigen a las autoridades nacionales que tomen en cuenta un planteamiento de cinco propuestas para reducir la impunidad en casos de violencia en Bolivia.
LAS 5 PROPUESTAS
1.- 5% DEL TGN PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
El Estado boliviano debe asignar un presupuesto específico de al menos el 5% del Tesoro General de la Nación, para la lucha contra la violencia, que pueda ser ejecutado tanto en el área de prevención y atención como en el fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia: Policía, Fiscalía y Tribunales de Justicia. Sin presupuesto no se puede avanzar.
2.-PROCEDIMIENTO INMEDIATO EN CASOS FLAGRANTES
La aplicación del Procedimiento Inmediato, que está vigente desde el Código de Procedimiento Penal y que ha sido ratificado por la Ley 1173, pero que en la actualidad no se ejecuta. Si el procedimiento inmediato se aplicara en casos de flagrancia y los fiscales piden la autorización de los jueces para ejecutarlo, se logrará reducir el alto índice de impunidad que hoy alcanza al 98,7%.
3.- MAYOR NÚMERO DE FISCALES PARA LAS FEVAP
La asignación de un mayor número de fiscales a las Fiscalías Especializadas en Violencia (FEVAP). Por ejemplo, este año, las FEVAP de Cochabamba perdieron cinco fiscales y hasta la fecha no han sido repuestos. Los fiscales ya eran insuficientes antes de la reducción. Ahora la situación ha empeorado. Es urgente que las fiscales de las FEVAP no sean removidas, sino que se especialicen y atiendan los casos de principio a fin, tal como lo establece la Ley 348.
4.- JUECES Y JUZGADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER CASOS DE VIOLENCIA
Que los jueces y los juzgados especializados se dediquen solamente a atender los casos de violencia basada en género y no carguen con los casos de corrupción pública que les quita tiempo.
5.- SALAS PENALES LIQUIDADORAS
Urge la habilitación de Salas Penales Liquidadoras, pues hay una mora procesal de cinco años en procesos prioritarios que deberían tener una atención diferenciada, tal como lo establece la Ley 348 que garantiza las mujeres una vida libre de violencia.
Hay procesos por violencia que ya cumplieron tres años o más de espera en una segunda instancia de apelación. Esta excesiva demora es aprovechada por los abogados de feminicidas, agresores y violadores para pedir su libertad.
Las instituciones advierten que, mientras no se ejecuten estas cinco propuestas, es imposible aplicar la Ley de Abreviación Procesal 1173, en cuanto a la fijación de plazos de una detención preventiva y a cargar sobre las víctimas la responsabilidad de acreditar los elementos arraigadores para evitar la liberación de sus agresores.
"Si las autoridades nacionales y departamentales no acogen y aplican estas propuestas, las 50 instituciones que velamos por la defensa y protección de las víctimas de violencia, denunciaremos ante los organismos e instancias internacionales que corresponden el incumplimiento de deberes del Estado boliviano, que tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar el debido proceso en sus casos", asegura el pronunciamiento.
Se expondrá que, a las víctimas, se les está negando la tutela judicial efectiva del Estado y el acceso a la justicia. "No es posible que Bolivia, un país en el que la violencia intrafamiliar es el delito más denunciado, registre un 98,7% de impunidad y que tan solo el 1,3% de los procesos judiciales por violencia hayan llegado a obtener una sentencia ejecutoriada. De 32 países de la región. Bolivia es el único que no registra datos de inversión del Tesoro General de la Nación en la lucha contra la violencia", se detalla en el documento.
