Apdhb e hijos de Jeanine le piden levantar huelga de hambre
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, pidió a la expresidenta Jeanine Áñez que suspenda su huelga de hambre que sostiene desde hace 14 días, una solicitud que le hicieron sus hijos Carolina y José Armando.
Mediante una carta dirigida a Carvajal, los hijos de Áñez preocupados por el estado de salud de su progenitora, le pidieron que interceda ante la exmandataria para que levante su medida extrema de huelga de hambre.
"Como presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia elevo nuestro pedido urgente de que suspenda la huelga de hambre en la que ha persistido exigiendo justicia no solamente para usted, sino en nombre de todos los ciudadanos que sufren persecución y abusos", dice la misiva de la Apdhb.
Sostiene que su "valeroso acto" ha permitido desnudar un sistema de justicia corrupto, que obedece los dictados del gobierno, incluso de exautoridades de ese partido político que ya no están en funciones.
Carvajal en su misiva señala que ha quedado claro que las decisiones políticas se sobreponen a la independencia judicial. "Su vida está en riesgo cada hora que pasa, porque su actitud de resistencia provoca en el poder más injusticia y más violencia", afirmó.
Un día antes al inicio del juicio oral por el caso "golpe de Estado II" la exmandataria se declaró en huelga denunciando que en su caso no existe debido proceso, por las irregularidades en las que incurrió la justicia con el único afán de mantenerla presa de manera ilegal.
La defensa de la exautoridad ganó una acción de libertad, el juez dictó que sea trasladada a un centro médico, sin embargo, grupos del MAS se apostaron fuera del penal de Miraflores y con actos violentos impidieron que se cumpla la disposición judicial, horas más tardes el juez retrocedió y determinó que sea atendida en el penal.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos apuntaron a que el Estado debe garantizar su traslado a un hospital, si así lo ordena un juez. Sin embargo, el Estado a través del Gobierno hizo oídos sordos y no cumplió la resolución judicial.
