EEUU corrobora irregularidades en las elecciones de 2019 en Bolivia
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, remitido al Congreso de ese país, ratifica las “irregularidades cometidas en las elecciones generales de 2019” y cuestiona el uso del reporte del GIEI para perseguir a la oposición, también insta al Gobierno cumplir con las recomendaciones del grupo interdisciplinario.
En marzo, el Congreso estadounidense, mediante una ley, pidió al Secretario de Estado indagar en el plazo de 120 días la legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia y el avance en las investigaciones por los hechos violentos ocurridos en ese periodo.
La aprobación de la ley fue confirmada por el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, quien realiza una serie de gestiones para esclarecer este hecho. Sin embargo, ayer Arce no se pronunció respeto al informe emitido, pese a estar activo en sus redes sociales.
Informe
El Departamento de Estado valida todas las observaciones emitidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, al recordar que, de manera extraña e intencionada, se interrumpió el conteo rápido del Centro de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), para dar después una victoria en primera ronda a Evo Morales.
Refiere que Morales solicitó una auditoría a la OEA y que arrojó que se “tomaron una serie de acciones deliberadas para alterar los resultados”.
“El equipo de auditoría de la OEA encontró que “una infraestructura de TI oculta fue construida deliberadamente con la capacidad de cambiar los resultados de las elecciones y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”, indica el informe.
Agrega que “Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar las elecciones, también encontró vulnerabilidades, incluidas vulnerabilidades que permitían interceptar y alterar código fuente, registros, votos y fotografías en el sistema electoral; interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones; la existencia de un servidor oculto externo, e interceptación y alteración de comunicaciones entre servidores utilizados por TSE”.
La exmandataria Jeanine Áñez señaló que este reporte confirma el “fraude electoral” en el país.
GIEI
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Bolivia firmaron un acuerdo para establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia entre septiembre (Gobierno de Evo Morales) y diciembre (Gobierno de Jeanine Áñez) de 2019 en los que señala la violación de derechos humanos, “además de investigaciones de Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, señala el informe.
También relata abusos del MAS a opositores políticos, y en la administración Áñez, abusos contra simpatizantes del MAS. El documento también afirma que las conclusiones fueron aceptadas por todos los actores en Bolivia, tanto gobernantes como opositores.
Luego empieza con el “análisis” del Gobierno de Luis Arce e informa que el decreto de amnistía 4461 fue diseñado para beneficiar a los dirigentes del MAS que estaban siendo procesados por delitos eminentemente políticos.
En su parte conclusiva, el reporte cita la postura del Gobierno de los EEUU que insta a Bolivia cumplir las recomendaciones del GIEI “de manera justa y transparente”.
Luis Guillén, abogado de la exmandataria Jeanine Áñez, señaló que se trata de “un documento bastante importante pues evidencia los elementos que sean ido denunciando”.
Señaló que, si continúan los abusos a los derechos humanos, los pronunciamientos de distintas instancias internacionales continuarán.
“Todos los informes son tomados en cuenta, tiene una gran importancia porque van a observar la posición que tiene la comunidad internacional frente a los atropellos que se está cometiendo contra las personas que están siendo perseguidas”.
Persecución política contra Áñez
El Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que en la primera mitad de 2021, el Gobierno de Luis Arce acusó al menos a 41 funcionarios del gobierno interino, incluida la expresidenta interina Áñez, por delitos que incluyen “terrorismo”, “sedición” y “genocidio”.
Expertos en derecho y derechos humanos destacaron irregularidades en estas detenciones, incluida la presencia del Ministro de Gobierno y el jefe de la Policía nacional en la detención de Áñez, lo que indicó que el Gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, poniendo tremenda presión sobre jueces que ya carecían de independencia real, según observadores expertos como Amnistía Internacional.
Human Rights Watch también criticó la orden de arresto de Áñez, que no contiene prueba alguna que haya cometido el delito de terrorismo.
