Procesos en La Paz contra líderes cruceños vulneran la Constitución
El exmagistrado y jurista independiente José Antonio Rivera cuestionó que se instaure procesos a líderes de Santa Cruz en la ciudad de La Paz por el paro de 36 días, aspecto que es contrario a la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas. En tanto, el Comité Interinstitucional convocó a la cruceñidad a una marcha en defensa de sus representantes y demandó a los denunciados no asistir a La Paz.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que “simplemente mencionar como Ministerio Público y por la conexión de casos, se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra Camacho, Calvo y otros. Estos casos han sido acumulados en un solo caso y está radicado en la Fiscalía Departamental de La Paz. Son todas las denuncias han sido acumuladas en uno solo”.
Al respecto, el legista Rivero aseguró que el Gobierno instrumentaliza la justicia para desplegar persecución política selectiva, en la que tiene a su servicio fiscales, jueces y policías para desplegar acciones penales con delitos inventados contra líderes cívicos, políticos.
“Sin respetar la Constitución, porque hay un famoso Decreto Supremo 138 totalmente contrario a la Constitución y a la Convención Americana , que concentra la jurisdicción y competencia en materia penal en la ciudad de La Paz, para quienes cometan delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado, lo cual infringe los artículos 115 al 121 de la CPE, el artículo 8 de la Convención Americana, que toda persona que comete un delito tiene que ser juzgado por un juez natural, independiente, competente e imparcial, y esa competencia se define por criterios que están establecidos en el artículo del 49 del Código Procesal Penal”, explicó.
Resoluciones
Luego de un análisis del paro de 36 días en demanda de un censo oportuno, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz determinó convocar a una marcha mañana en defensa de la protesta y de sus líderes, además de instruir a sus representantes denunciados no acudir a La Paz. Resolvió además:
1.- Rechazar los procesos penales contra los miembros del Comité Interinstitucional.
2.- Ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz.
3.- Que la comisión jurídica que se conforme realice las demandas penales contra quienes se arrogaron el cerco a Santa Cruz.
4.- Exigir al Fiscal General del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes.
5.- Denunciar ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Instalan vigilias en casa del Gobernador
Oscar Michel, diputado de Creemos, rechazó la judicialización de la protesta e indicó que la población inició vigilias en el domicilio del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“La población ha empezado a salir a las calles para demostrarle al MAS y la justicia que no se va a permitir la detención de ninguno de los líderes de Santa Cruz, mucho más si son los líderes que han estado a la cabeza de los movimientos por la lucha del censo”, dijo.
Gobierno pide juzgar a responsables de paro
Tras levantarse el paro de Santa Cruz, desde el Gobierno, salieron voces para que los líderes cruceños Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar respondan ante la justicia por las cuatro muertes, por un daño económico de 1.200 millones de dólares provocado durante los 36 días del paro cívico cruceño.
Por lo menos habrían incurrido en 10 delitos penales por diferentes denuncias presentadas por la Central Obrera Regional El Alto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, además del Ministerio de Obras Públicas.
La reunión del Comité Interinstitucional definió que cada institución miembro de la cruceñidad organice a todos sus miembros afiliados, de manera voluntaria, para que se apersonen como testigos en todos los procesos por lo que están denunciados varios miembros de esta Comisión por la protesta por el censo.
El exmagistrado José Antonio Rivero lamentó que se accionen procesos penales contra quienes tienen una posición contraria al Gobierno.
“Lo que llama la atención es que hay excesos de la violencia institucional estatal que no son sancionados ni siquiera disciplinariamente, hay conductas de sectores sociales afines al MAS, pero ellos no son objeto siquiera de una denuncia, menos de una investigación”, indicó.
