Una Sala Constitucional concede tutela y dispone un nuevo estudio sobre la calidad del agua en La Paz
La Sala Constitucional Primera de La Paz concedió este viernes la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo, y determinó que el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), en un plazo de 72 horas hábiles, deba brindar el nombre del laboratorio que pueda realizar los nuevos análisis sobre la calidad del agua que se distribuye en la sede de gobierno.
El jefe de la unidad de Pueblos Indígenas y la Madre Tierra, Luis Fernando Cuéllar, explicó que los vocales de vocales Israel Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, dieron curso a la solicitud defensorial referida a la realización de análisis, en laboratorios independientes, del líquido elemento.
"Esto, (el nuevo estudio) le permite brindar certidumbre a cada uno de nosotros en cuanto a la calidad del agua que tomamos en cada uno de nuestros hogares", sostuvo en declaraciones a los medios, tras concluir la audiencia.
Las instituciones accionadas en el caso son: la Empresa Pública Social de Agua (EPSAS), Autoridad de Fiscalización y control de Aguas (AAPS), el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el Viceministerio de Promoción y Vigilancia Epidemiológica.
Durante la audiencia, el representante legal de la Defensoría del Pueblo explicó ante los vocales que dos informes científicos, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), daban cuenta de la existencia de cadmio, y bacterias como la E. Coli y amebas en el agua que consumen los paceños.
En su exposición dijo que dichos estudios fueron realizados en la represa de Hampaturi, por parte del GAMLP; y en diversos puntos dentro del sistema de distribución del recurso hídrico de EPSAS. Ambos reportes científicos hacen suponer que las autoridades de las instituciones accionadas no estarían cumpliendo sus funciones.
"Si dos instituciones nos dicen que las cosas no se están haciendo bien entonces apliquemos el principio precautorio, es decir necesitamos evidencia científica, pero de laboratorios independientes que no estén vinculados a las autoridades que están accionadas, porque necesitamos certezas. Si no tenemos esto, estamos ante una latente violación de derechos", afirmó.
