El defensor y 50 instituciones alertan que los bloqueos son ilegales y atentan contra los DDHH
La escalada de conflicto puede "derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos", según un pronunciamiento difundido hoy en la mañana por la Defensoría del Pueblo y 50 instituciones.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que en los bloqueos de caminos “se registran situaciones que "se han convertido al margen de lo legal". El cierre de carreteras es impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales y empezaron el 2 de junio.
“Es importante que las instituciones que tienen que ver con la investigación de hechos delictivos o cualquier otro hecho que limite derechos de otras personas deban investigar", aseguró Callisaya, hoy en conferencia de prensa.
Según el Gobierno, hasta el domingo, se reportaron 53 personas heridas en enfrentamientos o ataques de grupos afines a Morales.
Callisaya destacó la importancia del diálogo y afirmó que la violencia no debe reproducirse bajo ninguna circunstancia, ya que podría generar mayor confrontación.
Los sectores movilizados exigen la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar de que el exmandatario está inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el plazo de inscripción venció el 19 de mayo.
El defensor del Pueblo instó a los sectores movilizados a conceder una tregua, que permita llevar adelante una transición institucional democrática y que la población pueda elegir a sus nuevos gobernantes. "Llamamos a la reflexión a los diferentes sectores políticos que se han ido manifestando durante todo este periodo a que puedan dar una tregua a sus actuaciones para que hagamos este tránsito lo más tranquilo posible", afirmó.
Callisaya brindó sus declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con representantes de otras instituciones de la sociedad civil. En la ocasión, se presentó un pronunciamiento que exhorta a actores políticos, autoridades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales, a evitar una escalada de conflictividad en el país.
