¿Cómo y por qué nació el Fondo Indígena y qué originó su crisis?

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios, conocido como Fondo Indígena, nació como una conquista histórica. El 22 de diciembre de 2005, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto Supremo 28571 en responder a la demanda de los pueblos indígenas, que era acceder a los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La presión fue liderada por el pueblo guaraní, que reclamaba compensaciones por la explotación de gas en su territorio.

"Luego de un enfrentamiento con militares en Santa Cruz, logran que Rodríguez Veltzé les otorgue, a través de un decreto, el 5% del IDH, ampliado a todas las regiones campesinas del país", relató el investigador Manuel Morales.

El diseño institucional del Fondo buscaba garantizar participación amplia, compuesto por un directorio multisectorial presidido por el ministro de Asuntos Indígenas, junto a delegados de seis ministerios y doce representantes de organizaciones indígenas y campesinas.

Una década después se revela un desfalco millonario

El 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico millonario, resultado de años de mala gestión, proyectos inconclusos y recursos entregados sin control. La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó ante el Senado que entre 2006 y 2014 el Fondo Indígena recibió Bs 3.197 millones, de los cuales Bs 1.855 millones seguían en cuentas bancarias.

Entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no fueron concluidos, no presentaron informes de avance y, en muchos casos, no tenían evidencia física de obras, tampoco carpetas técnicas completas. El dinero se desembolsó sin supervisión y sin mecanismos de control.

Pese al escándalo, a más de diez años del inicio del caso, la Justicia sigue sin respuestas. Según Héctor Castellón, el abogado de Marco Aramayo, el exdirector del Fondo y fallecido en la cárcel luego de años de procesos y detenciones, muchos expedientes permanecen abiertos, sin avances. "Hasta hace pocas semanas nos seguían notificando... la última notificación pedía una extinción del proceso por fallecimiento", dijo el defensor e indicó que la investigación debía abarcar a todas las autoridades y técnicos involucrados, ya que más de 2.000 personas participaron en la ejecución de los proyectos observados.

2015 buscaron cambiar su imagen

Luego del escándalo, el Gobierno de Evo Morales decidió cerrar la institución original y crear una nueva estructura. El 26 de agosto de 2015, mediante el Decreto Supremo 2493, nació el actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), como una entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural.

Este nuevo Fondo no transfiere recursos a organizaciones sociales, sino a gobiernos municipales, autonomías indígenas y entidades estatales, con el objetivo de apoyar proyectos productivos y de infraestructura. El FDI también administra parte de los recursos del IDH destinados a la Renta Dignidad, al Fomento de la Educación Cívico Patriótica y al funcionamiento anual de las UNIBOL.

10 años después el problema vuelve a surgir

El 4 de diciembre, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, acusada de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El daño económico al Estado es de al menos 1 millón de bolivianos. "Son ocho proyectos de ocho comunidades de los cuales, el avance era del 50%, pero en el presupuesto habría avanzado en 80% (...) la que fue beneficiada con estos montos es Lidia Patty", dijo el fiscal Miguel Ángel Cardozo.

El 10 de diciembre, el exministro de Economía y exmandatario, Luis Arce, fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. El principal denunciante e implicado en el caso Rafael Quispe señaló a Arce como responsable de permitir la transferencia irregular de recursos del Fondo Indígena cuando era ministro de Economía.

"A Lidia Patty le han depositado... esa conducta suma delitos como favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias, cohecho activo y pasivo", declaró Quispe.

Según sus cálculos, el desfalco supera los 1.000 millones de bolivianos, basándose en dos auditorías que revelaron daños de 200 millones y 150 millones en distintos periodos. Asimismo, Quispe cuestionó el tiempo que tardaron las autoridades en actuar. "El caso es del 2010. Nosotros lo denunciamos en 2014. En 2015 ya estaba aprehendida Nemesia Achacollo, pero pasaron diez años para retomar la investigación".