La ONU pide reparar daños a personas con discapacidad
La Organización de Naciones Unidas (ONU) lamentó la violencia ejercida contra las personas con discapacidad durante su movilización en La Paz, que se efectuó entre abril y julio, y pidió al Estado boliviano hacer una “investigación imparcial e independiente” para identificar a los responsables de la represión con miras a enjuiciarlos, además, sugiere una reparación física y psicosocial de las víctimas.
Ésta y otras recomendaciones están descritas en el documento de 12 páginas denominado: “Observaciones finales sobre el informe inicial del Estado Plurinacional de Bolivia” entregado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el pasado 30 de agosto y conocido ayer.
El Comité da un plazo de 12 meses a Bolivia para que informe a esta instancia internacional sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones dirigidas al país.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU trató el tema de Bolivia en la Sesión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Ginebra, Suiza.
Las personas con discapacidad protestaron durante tres meses en La Paz y denunciaron la violencia que sufrieron por parte de la Policía y la discriminación del Gobierno.
“El Comité lamenta los actos de violencia en contra de la integridad física y psicosocial de personas con discapacidad que ejercían su legítimo derecho a la manifestación pública”. Agrega que preocupa el “uso excesivo de fuerza, intimidación y violencia física y verbal” que afectó incluso a mujeres y niños con discapacidad.
El punto 46 del documento dice, en ese sentido, que el Comité insta a Bolivia a establecer “un proceso de investigación imparcial e independiente” para determinar las responsabilidades en los actos de represión en el contexto de las manifestaciones sociales de personas con discapacidad “con miras a enjuiciar a los responsables así como la reparación física y psicosocial de quienes resultaron afectados”.
El pasado 17 de agosto, la representante de las personas con discapacidad, Rosemary Guarita, fue escuchada por los miembros del Comité y con el respaldo de filmaciones, relató los momentos de violencia contra ese sector experimentados en La Paz y la indiferencia gubernamental de la que fueron víctimas, mientras demandaban el incremento a su renta mensual.
Durante las sesiones, la comitiva gubernamental estuvo presidida por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante la ONU en Ginebra, Nardy Suxo.
El Comité pide a Bolivia que, en el plazo de 12 meses, informe de las medidas adoptadas para aplicar la recomendación realizada por la organización.
PONDERA ALGUNAS NORMAS
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ponderó la adopción de la Ley General para Personas con Discapacidad y su Decreto reglamentario.
Así también, destaca la adopción de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; la designación de la Defensoría del Pueblo como instancia responsable del monitoreo independiente del cumplimiento de la Convención.
A estas se suma, el Comité nota con beneplácito la creación del fondo Nacional de Solidaridad y Equidad. Sin embargo, entre los incisos 5 y 81, el Comité expresa sus preocupaciones y recomendaciones dirigidas a Bolivia.
