¿Cuándo el déficit público debía quitar el sueño a la revolución?

Columna
RAÍCES Y ANTENAS
Publicado el 25/07/2017

Hoy lanzo una pregunta a quemarropa. ¿Cuándo debemos preocuparnos por el déficit público? Sin el ánimo de arruinar la hermosa mañana, va a disculpar el frío dato contable: ya van cuatro años consecutivos de déficit público elevado. En el 2014 este desajuste llegó al 3,4% del valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en Bolivia en un año, el producto interno bruto (PIB). En el 2015, este indicador saltó a 6,9%. En el 2016, se registró un 6,6% y este año, que presuroso ya recurrió su media vida, el agujero público podría llegar a 7,8% del producto. La respuesta de un militante hueso colorado, a la pregunta del título de la columna, es: un soldado del proceso de cambio que jamás duerme. Soñar es hábito pequeño burgués. Así que la interrogante es retórica e inútil.  ¿Patria o muerte? ¡Gastaremos!, arenga el keynesianismo de guitarreada, una versión algo más refinada del populismo económico, que cree ciegamente en el mágico poder curativo del gasto e inversión pública sin control ni racionalidad.

Veamos cómo razona lo que técnicamente se conoce como keynesianismo vulgar. Frente al apagón del motor externo (caída brusca de los precios del gas natural) que sostenía el avión de la economía boliviana, es la hora de prender y acelerar la turbina interna, es el turno del poder del mercado local. Para esto se debe aumentar tanto el gasto como la inversión pública, dos componentes centrales de la demanda interna. En efecto, ahora tanto el gasto corriente como de capital representan más del 40% de la riqueza generada en una año (PIB) y constituyen la locomotora de la economía. De una manera más precisa, el gasto corriente (sobre todo salarios)  en el 2010 representaba el 20,8% del producto, alcanzó su máximo el 2015, con el 27% y para el 2016, hubo una reducción 22,6% del PIB. La inversión pública o de capital (gobierno central y empresa públicas), en el 2010, era de 10,7% del producto, en su auge este valor llegó al 19,4%, para posteriormente, estabilizarse en 17% en el binomio 2015 y 2016. Prima facie, estas políticas públicas lucían muy bien cuando se podía financiar, con holgura,  con los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías departamentales, que habían subido resultado de los precios fabulosos del gas natural. Este milagro alcanza su zenit el 2013, cuando estos ingresos llegan al 11,5% del PIB, pero a partir de este año, estos ingresos inician su fase descendente, y el año pasado, 2016, sólo entró a los cofres públicos el 4,2% del producto de estos dos rubros.

Cabe recordar que el IDH y las regalías representan el 70% de los ingresos totales del Sector Público no Financiero. Por lo tanto, resultado de la mantención de gastos e inversiones públicas en niveles elevados y fuerte caída de ingresos, en especial los provenientes del sector petrolero, se registran los déficits públicos señalados, que no han sido compensados, ni de lejos por la renta interna, cuya contribución se mantiene en niveles cercanos al 20% del producto y tiene poco margen de incremento. A rigor y siendo un poco más finos, si se produce un corte en la inversión pública, los gastos de capital bajan en las gobernaciones y municipios, reduciéndose de 11,3% (2014) a 8,5% (2016). Contrariamente, el gobierno central mantiene elevadas sus inversiones, superiores al 3,1% en promedio, en el periodo 2014 y 2016. Quiere decir, para los gobiernos locales, la mayoría en manos opositoras, un ajuste fiscal del tipo neoliberal, en cuanto para la administración central, las mieles del gasto sin restricciones.

Este tipo de modelo de crecimiento impulsado por la inversión pública, conocido también  como “fundamentalismo del capital”, le mete nomás, al ritmo de “con tu quiero y mi puedo, vamos juntos compañeros”, sostiene que no hay problema sostener el agujero fiscal quemando reservas internacionales, financiándose con deuda externa e interna, exprimiendo con más rigor a los contribuyentes tradicionales y tolerando, precisamente, mayores déficits públicos. En el mediano y largo plazo, se confía que del mismo cuero salen todas las correas, es decir que el efecto multiplicador interno de los gastos corrientes y de capital generan mayores impuestos y que las inversiones hechas en infraestructura y empresas públicas rindan más ingresos de exportación y también más impuestos. El supuesto fuerte de este razonamiento es que las inversiones públicas hechas son de enorme calidad, alto retorno y acumulan activos de alta productividad para la economía. Observando el portafolio  de las gastos de capital de los últimos 10 años hay muchas dudas al respecto. ¿O cuál es el beneficio de coliseos donde sólo juegan los ratones? ¿O de aeropuertos donde no llegan aviones? ¿O museos sin gente? ¿O edificios que homenajean a la fealdad? ¿O carreteras que no conectan polos productivos? ¿O plantas petroquímicas sin gas ni mercados?

Además, detrás del entusiasmo con el gasto e inversión pública, existe la percepción equivocada  de que el shock de ingresos externo es temporal, cuando todos los indicadores muestran que va a pasar mucho tiempo antes de que vuelvan a subir los precios del petróleo a niveles de 110 dólares el barril. Un  keynesianismo de guitarreada, similar al nuestro, llevó a graves problemas fiscales en Argentina y Brasil y a la quiebra del Estado en Venezuela. En este contexto, el elevado déficit ya debería estar quitándonos nuestros dulces sueños y aún es tiempo de no exagerar el entusiasmo de la billetera pública. Es el momento de dejar la guitarra de lado y optar por un keynesianismo inteligente que haga cortes en gastos superfluos, en especial propaganda y obras públicas innecesarias, y se focalice la inversión pública en desarrollo productivo, salud, educación, protección al medio ambiente e innovación tecnológica.

 

El autor es economista.

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