El caso de los misiles chinos
Asistimos a otra muestra del sometimiento de la justicia a intereses específicos
A dos años de haberse iniciado el juicio oral, cinco años y ocho meses de que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizara la apertura del proceso y 12 años de que se realizara el hecho que motivó las acusaciones, el jueves pasado finalizó el juicio contra las autoridades civiles y militares responsables de la entrega de 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas, a la Embajada de Estados Unidos. Como era de prever, el juicio ha terminado de manera muy similar a como se inició: sumido en un sinfín de dudas sobre la verdadera naturaleza de los hechos juzgados, sobre la real responsabilidad de las personas encausadas y, lo peor, sobre los propósitos de quienes se empeñaron en darle al proceso una dimensión desmesurada, como la que implica acusaciones tan graves como “traición a la patria” o “sometimiento de la Nación a dominio extranjero”.
En efecto, tal como oportunamente lo hicieron notar profesionales expertos en temas legales como militares, las acusaciones con que se inició el proceso, y por consiguiente las penas exigidas para sancionarlos, eran desmesuradas. El delito de sometimiento de la Nación a dominio extranjero, por ejemplo, se comete cuando un boliviano toma armas contra la patria, se une a sus enemigos, les presta ayuda o se halla en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera. Por su gravedad, esos actos están calificados como de traición a la Patria y están penados con 30 años de privación de libertad. Obviamente, tal figura no correspondía a este caso.
Más de 300 pruebas de cargo y descargo fueron presentadas durante los dos años durante los que el juicio fue llevado a cabo, y los resultados ya conocidos resultaron tan cuestionables como los supuestos delitos. Tanto que el presidente Evo Morales como el expresidente Carlos Mesa coincidieron, cada cual desde su punto de vista y su propia perspectiva, en poner en duda la objetividad de los jueces.
Morales fue quien hizo las acusaciones más audaces. Llegó a acusar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de haber recibido dinero a cambio de dictar sentencias “leves”. “Puedo imaginarme cuánta plata habrá costado, cuánta plata habrán pagado a los miembros de la justicia boliviana, al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo, en lo que constituye una gravísima acusación que no debería pasar inadvertida.
El expresidente Mesa fue también muy severo, pues llegó calificar como una “infamia” la sentencia judicial porque plantea la necesidad de investigar un decreto supremo, promulgado durante su gestión de gobierno, mediante el cual supuestamente se levantaba el secreto de armamento bélico. Acusación tan carente de fundamentos que sólo se explica por el afán de darle al fallo un cariz sólo comprensible desde la mezquina lógica de las pugnas políticas y personales.
Y como si todo eso no hubiera sido suficiente para poner en evidencia una vez más lo lejos que ha llegado el descrédito de la justicia boliviana y la ligereza con que se hace uso de temas judiciales como arma en las pugnas políticas, otro expresidente, Jorge Tuto Quiroga, no quiso dejar pasar la ocasión para deslizar insidiosas insinuaciones dirigidas esta vez en contra del expresidente Eduardo Rodríguez.
Como se puede constatar, estamos pues ante una doble muestra del sometimiento de la justicia a las conveniencias de los protagonistas de las pugnas políticas, uno de los peores males que hoy, como a lo largo de nuestra historia, han impedido el desarrollo y consolidación de las instituciones republicanas.
