Y el Título

Hace poco leí una nota en Los Tiempos en la que se informaba que el número de extranjeros en Cochabamba había disminuido. Una de las causas de aquello era que muchos estudiantes habían abandonado la ciudad por el incremento de los costes de vivienda, matrícula en las universidades privadas pero – sobretodo- por el moroso trámite para la obtención del título académico.

Esto último llama la atención porque el presidente Morales mostró su preocupación al respecto, y el año 2014 dictó el DS 1929 que estableció el tiempo que debería tomar esa emisión. Allí se definió que el Título Profesional y el Diploma Académico se tienen que entregar en el acto de graduación de los profesionales. Y se supone que en una universidad privada que ofrece excelencia académica, formación acorde a los tiempos de la era de la informática, no debería pasar de un mes o dos a partir de la conclusión de los estudios universitarios.

Pero eso no sucede, las universidades fallan en ese aspecto. Y el Estado falla en la entrega de los títulos, pues incumple el decreto supremo mencionado. Para algunos ese no es un problema de todos, es de los estudiantes extranjeros y de los que decidieron estudiar en una privada. Pero no es así, es de todos, pues afecta a todos ya que en las universidades públicas tampoco hay eficiencia, aunque los plazos son menores.

No puede ser que un egresado esté obligado a perder hasta 10 meses en la espera de su título, sea extranjero o boliviano. En el primer caso conlleva que el perjudicado informe de esto a sus amigos y esa mala fama trae como consecuencia que lleguen menos estudiantes, con menores ingresos para las universidades privadas y para la economía de Cochabamba en particular. Para los bolivianos el tema también tiene consecuencias.

Un estudiante de medicina, carrera larga, por la carencia de los papeles no puede hacer nada más que esperar. Ese estudiante, por burocracia, no puede ofrecer sus servicios y como es nada por ello tampoco acumula experiencia que le permita acreditar para acceder a una beca o a un puesto en el sistema público de salud. Pierde la familia, pierde el joven médico y pierde el Estado porque tiene recursos humanos ociosos. ¿Quién gana? Ganará el país vecino que ofrezca algo mejor en este aspecto aunque lo académico sea de menor calidad.

Hay que borrar la burocracia. Hay que aplicar el DS 1924 y exigir que se lo cumpla en todas las instancias. Eso está en manos de las autoridades de las universidades privadas que perderán recursos y del Gobierno, al que le debería interesar que los bolivianos puedan trabajar a la brevedad posible.

Pero además, todos, los de las universidades públicas y privadas, los padres de familia, deberían exigir que desaparezca el Título en Provisión Nacional, invento burocrático que solo sirve para elevar el costo de una educación que en el sistema público es gratuito de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Si el tiempo es primordial en esta era de la comunicación global, lo debería ser en este asunto puntual. Si los plazos son largos por control, por burocracia, debemos copiar lo bueno de otros países. Y para evitar la ociosidad forzada de nuestros jóvenes profesionales, con la acreditación que se venció el plan académico y el pago de las tasas vigentes, entregarle un documento que le permita ejercer con el fin de que produzca, gane experiencia y se sienta útil a la sociedad que precisa de los conocimientos y ansias de aportar de cientos de profesionales que se miran las caras en los pasillos de las oficinas, mientras esperan que le entreguen el cartón para iniciar otro largo proceso.

El autor es periodista