Cambio instrumental

La modificación del Código Penal vigente, los llamados Códigos Banzer, es una tarea que el presidente Evo Morales debería llevar con máximo cuidado. Es la oportunidad que tiene para demostrar que el sistema judicial es importante, que es un pilar fundamental en la nueva era y no sólo es un ejercicio para crear un instrumento que consolide un poder hegemónico que pueda ser aplicado en contra de quienes disienten de las políticas dictadas desde el Órgano Ejecutivo.

Hay reparos desde varios sectores de la sociedad y en algunos casos se ha logrado o cambiar el texto o el compromiso que así será, esto de acuerdo a las negociaciones con los involucrados que ven peligros por lo propuesto inicialmente. Los consensos deben ser incorporados en la versión que se apruebe en el Órgano Legislativo. Aquello debe ser honrado.

El último conflicto se da con los médicos, quienes habían acordado algunos cambios que permitan ejercer su profesión sin una guillotina sobre su cuello. Los  artículos 200 y 205 de ese código tienen a los médicos con una preocupación que tiene su fundamento.

Quienes ejercen la medicina con responsabilidad, hacen un trabajo encomiable porque entienden la práctica más que como una profesión como una vocación de servicio, como una forma de vida en la que dan todo de sí para salvar la vida de su paciente, para restablecer la salud de los enfermos que tratan.

Esa labor no pasa sólo por la capacidad del médico, se debe tomar en cuenta los medios con los que cuenta, con el personal paramédico, con la infraestructura en la que trabaja. Y en esto debemos ser sinceros, el Estado falla. En ninguna de nuestras ciudades capitales los hospitales disponen de todos los recursos necesarios. Así que en las provincias ya se imaginarán cómo se trabaja. Hay que tomar decisiones que pueden salvar vidas, pero también pueden tener un desenlace fatal.

Si en el Código Penal no se toma en cuenta los resultados van hacer desfavorables para la colectividad. Nadie se va a arriesgar a perder su título, su libertad, su patrimonio, para salvar una vida que en condiciones mínimas de un sistema de salud medianamente organizado podría ser una práctica rutinaria, porque hay la tecnología adecuada.

Que la práctica profesional debe estar regulada, supervisada, claro que sí. Que el profesional debe estar preparado, por supuesto. Y en este aspecto el Estado, las universidades tienen una obligación pendiente, pues es su responsabilidad la habilitación profesional. El Estado, además, debe dar las garantías que el profesional será juzgado en el marco de un buen sistema de justicia; algo de lo que carecemos.

No se puede penalizar tan libremente al médico que por supuesto puede errar en el diagnóstico, por diversas causas, desde los análisis clínicos hasta por información errada del paciente, casos de alergias, por ejemplo. Por ello, es necesario que el ámbito penal sea el último al que se debe llegar y no así por simple denuncia.

Deben existir procedimientos, como en todos los países, que revisen lo que ha sucedido en caso de una supuesta mala praxis. Esto debería estar bajo el control de una comisión independiente que analizará lo sucedido y establecerá las responsabilidades, las que podrán ir desde llamadas de atención, suspensión del médico y en su caso a la justicia ordinaria. Pero también señalar las fallas del sistema de salud.

Si estamos en el trabajo de mejorar lo existente, deberían también incorporar en el nuevo código la pena de resarcimiento del daño económico para quienes roban al Estado o a terceros, como los delincuentes que se llevan nuestros impuestos, que causan daño a la vida, pues ese dinero podrían haberse invertido en un tomógrafo, o en reactivos, cumplen condena mínima y salen a gozar del dinero mal habido. 

Existe en la colectividad la sensación de que en la necesaria redacción de un nuevo Código Penal hay un aspecto instrumental que desvirtúa la tarea.

El autor es  periodista