Balance económico 2017

El año que termina, Bolivia registra un crecimiento económico cercano al 4%, cifra que ubica al país en un puesto importante, particularmente considerando que Latinoamérica podría cerrar con una tasa modesta de 1,2%.  Sin embargo, tal desempeño se produce en medio de desbalances macroeconómicos preocupantes como el déficit fiscal que se repite por cuarto año y podría estar cercano al 8% y un saldo comercial negativo que a octubre sumó $us 970 millones; es decir, un 18% más negativo que en similar periodo de 2016.

Las Reservas Internacionales siguen con tendencia a la baja, aún después de una subida de una sola vez, debido a desembolsos de deuda externa y ajustes operativos y contables ligados a encaje en moneda extranjera y el Fondo de Protección al Ahorrista. Por su parte, el saldo de deuda sube a un ritmo acelerado; en 2007 llegó a $us 2.208 millones y al cierre de octubre de 2017 se superó los $us 8.900 millones. Si bien este saldo se encuadra dentro márgenes de solvencia y liquidez estándar, preocupa la celeridad con la que el mismo se multiplica.

Las cifras de crecimiento trimestral reportan un proceso de desaceleración; el pico de expansión que se alcanzó en el tercer trimestre de 2013 (6,92%) y desde entonces los números develan un descenso hasta cerrar el segundo trimestre de 2017 con 3,94%.  El análisis por sectores evidencia problemas en hidrocarburos y minería, mientras que la situación en ciertas regiones fuera del eje es delicada desde 2016.

La economía crece más lento y con desequilibrios. La expansión se sustenta todavía en el consumo y la inversión pública financiada con colchones fiscales y endeudamiento, aspecto que contrasta con un crecimiento sano que debería sustentarse en una complementariedad con la inversión privada nacional y extranjera, la diversificación productiva y el impulso a las exportaciones, especialmente no tradicionales.

La inversión nacional no logra mayores niveles debido a factores adversos como los costos laborales y la inflexibilidad en esta materia, a lo que se suman costos tributarios ligados a la ampliación en la prescripción y la actualización de deudas por UFV con tasas de interés reales elevadas, la arbitrariedad en la fiscalización y la conformación de crédito fiscal. No sólo que es costosa la formalidad en el país sino que también es percibida como riesgosa, debido a los factores mencionados.

El sector hidrocarburos explica una parte importante de la desaceleración y en perspectiva es poco razonable pensar que retome el liderazgo de años pasados. El reto inmediato es lograr una renegociación de venta con el Brasil y por el momento todo indica que el boom del gas y su impacto en la economía no retornarán a los niveles del pasado.

En suma, el 2017 fue un año en el que los espacios de maniobra fiscal y monetaria permitieron un crecimiento positivo pero más lento, y especialmente más disparejo entre regiones y sectores. La preocupación central que deja este resultado tiene relación con la sostenibilidad de mediano plazo puesto que tales márgenes se agotarán y no se está trabajando decididamente en factores alternativos de impulso al crecimiento.

La Confederación de Empresarios Privados ha expresado en varias oportunidades la preocupación del sector por esta situación que –a nuestro criterio– debe modificarse si el objetivo es revertir una tendencia adversa.  Pese a la coincidencia que tuvimos con las autoridades en el análisis de algunos de los temas referidos, persiste en el Gobierno la tendencia a atribuir la desaceleración, únicamente a la variación de precios de los hidrocarburos y no al conjunto de variables señaladas. De ignorarse esta complejidad e interdependencia de causas, se puede generar la acentuación de los problemas en la próxima gestión.

El autor es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.