Increíble grado de desinstitucionalización

Se ha llegado a un increíble grado de desinstitucionalización en el país que nos deja con la boca abierta.

En el caso del conflicto con el sector médico, reunidos representantes del Gobierno y de los médicos para tratar de resolver el conflicto, en el preacuerdo al que arribaron, las autoridades gubernamentales se comprometieron entre algunos puntos a “dejar en suspenso el artículo 205 del Código del Sistema Penal”.  Aclaremos, dichas principales autoridades eran los ministros de Gobierno y de Autonomías que tienen absolutamente delimitadas sus competencias que en verdad son ajenas al campo de la salud. La Ministra de Salud, que era la llamada por ley para encarar este problema, desapareció como por arte de magia. Mundo al revés. Primer fenómeno curioso.

Pero los ministros mencionados, fuera de no encontrarse en la órbita de la dirección y control del rubro de la salud, dispusieron que se deje en suspenso dicho artículo. La pregunta obligada: ¿qué tipo de autoridad o atribuciones o competencia ostentan para establecer semejante determinación que no les corresponde en absoluto? O si se desea en términos populares: ¿Quiénes son ellos para darse semejante atribución? Un poco más y lo llaman al representante de los heladeros o al presidente de la asociación de volibol para determinar la suspensión del artículo 205 del Código Penal.

Resulta que a nadie se le ha ocurrido pensar ni le interesa, que el tan famoso como casi secreto Código Punitivo ha sido sancionado por la Asamblea Legislativa siguiendo el camino constitucional de la aprobación y que luego ha sido pasado al Órgano Ejecutivo donde el Presidente del Estado lo ha promulgado, aunque aún no se encuentra vigente por disposición de dicha norma. El camino institucional es que el Presidente del Estado remita al Legislativo un proyecto de ley sustitutivo al actual Código Penal que él lo ha promulgado, abrogándolo o derogándolo, con el mensaje y la exposición de motivos correspondientes para su tratamiento legislativo pertinente.

Si seguimos el ejemplo de los ministros citados, ¿a partir de la fecha cualquiera que no tenga competencia que emane de la Constitución o de la ley puede nomás declarar la suspensión de cualquier norma legal? ¿A este extremo de desinstitucionalización se ha llegado? ¿A hacer lo que a cada quien le parezca? Es que ya no existen caminos de institucionalidad. ¿Y qué dicen los senadores y diputados que supuestamente elaboran las leyes y que miembros de otro poder les están usurpando funciones, especialmente los de la oposición que no advierten o denuncian sobre esta destrucción del Estado de derecho? A propósito de la oposición, si existen un sin fin de aberraciones en el Código del Sistema Penal que afectan a la ciudadanía en su conjunto y aún a las personas por nacer, si bien no poseen los dos tercios, ¿por qué no denunciaron ni denuncian estos atentados a la población en general? ¿Por qué ante su impotencia dentro de la Asamblea Legislativa, no emplean medios de difusión? ¿Por qué no difunden el texto completo de este código mediante el Internet para hacer saber a todos que existen irregularidades? Se incurre en responsabilidades por acción y por omisión, a no olvidar esto.

Lo cierto es que andamos a la deriva y cada uno y cada cual parece que dentro de este maremagno hace lo que quiere, más allá de los justos reclamos de los médicos, profesionales, transportistas y gran parte del pueblo.

El autor es abogado.