Abogan por “derecho” de Puigdemont a ser Presidente catalán
AFP y EFE
El Parlamento de Cataluña, de mayoría independentista, reclamó ayer la libertad “inmediata” de los políticos encarcelados provisionalmente por el proceso secesionista y el “derecho” de Carles Puigdemont, reclamado por la justicia española, a ser elegido de nuevo presidente regional de Cataluña.
La Cámara Legislativa aprobó sendas resoluciones en ese sentido con el apoyo de los tres grupos parlamentarios separatistas, que suman mayoría absoluta en conjunto: JxCat (centroderecha), ERC (republicanos de izquierda) y CUP (anticapitalistas).
Puigdemont (JxCat), presidente de Cataluña entre 2016 y 2017, fue detenido el domingo pasado en Alemania en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega dictada por el juez español que investiga el proceso independentista ilegal iniciado en Cataluña en 2017.
El Tribunal Constitucional (TC) español había advertido de que el Parlamento catalán no lo podía elegir sin su presencia, pues había marchado el extranjero el 30 de octubre para eludir la acción de la justicia. El Parlamento catalán también defendió ayer el “derecho” a ser elegidos de otros dos líderes independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Turull (JxCat), ambos en prisión provisional.
Sánchez renunció también a ser candidato porque no obtuvo permiso judicial para someterse a la sesión parlamentaria de investidura, mientras que Turull no pudo presentarse a una segunda votación para su elección -perdió la primera- porque fue procesado y encarcelado el viernes pasado, como otros líderes independentistas.
Ciudadanos (liberales), el grupo con más diputados, rehusó participar en la votación al considerar “una barbaridad” decirle a la justicia “lo que tiene que hacer”.
Liberada
La exconsejera catalana Clara Ponsatí, contra la cual la justicia española lanzó una orden de detención europea por su papel en la fallida declaración de independencia de 2017, fue dejada en libertad condicional ayer en Escocia.
La extitular de Educación del Gobierno catalán había llegado por la mañana a la comisaría Saint Leonard de Edimburgo y en una corta audiencia, se opuso a su extradición hacia España. Salió luego libre del tribunal, pero debió entregar antes su pasaporte a las autoridades.
A Ponsatí la justicia española la acusa de “rebelión” y “malversación de fondos públicos” en relación con la organización del referendo y la declaración fallida de independencia en octubre pasado.
SIGUEN ANÁLISIS DE LA EUROORDEN
La Fiscalía General de Schleswig confirmó ayer que siguen trabajando intensamente en el análisis de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, que le imputa delitos de rebelión y malversación de fondos en el contexto del proceso independentista catalán.
La revisión de la Fiscalía “podría” concluir mañana (por hoy), reiteró Wiebke Hoffelner, la primera fiscal estatal de Schleswig, que evitó especificar los plazos de actuación de su institución para no presionar.
