Gobierno evita la fiscalización con lenta transición de nacionalizadas

La demora en el proceso de transición que atraviesan las subsidiarias de YPFB Corporación, que deben pasar de ser sociedades anónimas a empresas públicas, obedece a una decisión de llevar adelante operaciones más ágiles y evitar elementos burocráticos a los que deben estar sujetas las empresas públicas.

Según analistas consultados por este medio, existe un incumplimiento de la Ley Safco, puesto que los ingresos y egresos de estas empresas no ha sido registrados en el Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos 13 años.

Ante los cuestionamientos al proceso de nacionalización de las empresas que ahora son subsidiarias de YPFB Corporación, pero continúan bajo la normativa del Código de Comercio por ser sociedades anónimas, el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, informó a Erbol que las subsidiarias son 100 por ciento operativas y el hecho de pasar a ser públicas implica “adecuaciones importantísimas en la reglamentación”.  

Barriga agregó que se está trabajando en esos aspectos pero que, en todo caso, el Estado, a través de YPFB Corporación, tiene el control absoluto de dichas empresas a través de directorios y las juntas de accionistas.

Sin embargo, el economista Germán Molina indicó que las subsidiarias, al operar como privadas, no se someten a la Ley Safco (Ley de Administración y de Control de los recursos del Estado), por lo que considera que hubo una nacionalización ficticia.

Explicó que esta ley exige a las empresas públicas estar inscritas en el PGE; realizar una programación de cuotas para hacer uso de sus recursos de ingresos y gastos; efectuar compra de bienes o servicios a través de licitaciones y, finalmente, ser supervisados por la Contraloría General del Estado.

“Si se nacionaliza todo tiene que estar en el PGE y, en estos 13 años, no se ha incorporado el total de ingresos y gastos (de las subsidiarias) en el PGE, esto ha estado al margen”, dijo Molina.

Por su parte, el economista José Espinosa considera que el proceso de nacionalización, que implica la compra de acciones por parte del Estado, involucra largos plazos, además de recursos económicos que pueden afectar los balances del sector público. Sin embargo, aclaró que no existe un proceso de nacionalización, sino la compra de acciones mayoritarias en favor del Estado.

“Tampoco tenemos muy claro cuáles han sido los montos que pagó el Estado por estas empresas. Al haberse vendido o haberse publicitado esta recompra de acciones como una nacionalización, también han evitado la discusión sobre cuánto ha costado la compra de esas empresas”, agregó Espinosa.

Según el economista Alberto Bonadoma, en las subsidiarias de YPFB y ENDE, siendo sociedades anónimas, el Gobierno puede ejercer actividades poco transparentes.

Bonadona hizo notar que se han dado fuertes casos de corrupción en empresas públicas y que existe una mayor probabilidad de hechos ilícitos en empresas constituidas como sociedades anónimas que no tienen la misma obligatoriedad de transparentar sus actividades ante la sociedad.

DATOS

8 subsidiarias de YPFB son sociedades anónimas. A la fecha, ocho de las nueve empresas nacionalizadas en favor del Estado, a través de YPFB Corporación, continúan como sociedades anónimas en condición de subsidiarias, según una revisión realizada por Los Tiempos.

Monasterio pide investigar el caso. El diputado opositor Tomás Monasterio (Movimiento Demócrata Social) anunció la petición de informes a ocho subsidiarias de la estatal YPFB.

BARRIGA: LOS OPOSITORES DISTORSIONAN LA REALIDAD

ABI

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, destacó ayer que el país recibió más de 36.000 millones de dólares gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006.

Lamentó las declaraciones “disonantes” de políticos opositores que cuestionan la nacionalización de los hidrocarburos, que es un tema “que todos los bolivianos tenemos la capacidad de palparlo y ser beneficiados”.

“Como renta petrolera, sólo como renta petrolera, gracias a la nacionalización, el país ha recibido más de 36.000 millones de dólares”, dijo a la Red Patria Nueva.

Barriga manifestó que cuando se inaugura una escuela u hospital en el país, es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, ya que permitió al Gobierno nacional y subnacionales encarar obras sociales en beneficio del pueblo.

También recordó que los bonos sociales, como el Juancito Pinto o la Renta Dignidad, o el crecimiento de las universidades públicas, son resultado de esa política de Estado.

“Todos los bolivianos hemos sido, somos y seremos beneficiados en el futuro gracias a la política de la nacionalización de nuestros recursos más estratégicos que tenemos los bolivianos, como es el gas”, insistió.

Las declaraciones surgen en medio de la polémica que se desató por la situación de las empresas subsidiarias que dependen de YPFB y fueron observadas por opositores.