Suben a más de 200 las casas ilegales en Albarrancho
Más de 200 casas se consolidan ilegalmente en Albarrancho en la serranía de Quenamari ante la falta de acciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Gobernación y la Alcaldía.
Se trata de 315 hectáreas que en 2013 fueron declaradas tierras fiscales en un proceso contra el grupo Olmedo.
Además, la investigación de los audios revela una presunta red de tráfico de tierras entre algunos integrantes del grupo Olmedo, fiscales, funcionarios del INRA, la Alcaldía y el Concejo. Estos fueron contactados para obstruir el saneamiento y el cambio de uso de suelo, de agrario a urbano, no avanza, observó la dirigente de la Subcentral de Albarrancho, Julia Orellana.
“Estas casitas están siendo construidas faltando a las leyes. Los responsables de esto son los del INRA nacional como también departamental, porque hay una resolución desde mayo para que entren a hacer el relevamiento de campo y no están haciendo cumplir”, cuestionó Orellana.
Existen medidas precautorias para no construir en la serranía, sin embargo, éstas no se cumplen. Las construcciones pasaron de 60 casas que habían en abril a 200 en julio y a más de 200 en diciembre, según se pudo evidenció ayer.
Al respecto, el director del INRA, Franz Lavayén, señaló que el conflicto poselectoral afectó en la planificación programada por esta entidad para hacer el relevamiento de datos y la inspección a Albarrancho.
Además, argumentó que parte del personal del INRA culminó su contrato y quedó con equipo reducido, por lo que esperará hasta mediados de enero para volver a planificar el ingreso a campo.
Lavayén dijo que desconoce sobre el seguimiento a la denuncia presentada por la directora de Asuntos Jurídicos del INRA, Vania Cora, sobre los 150 audios que se filtraron.
Las 315 hectáreas son ocupadas por pobladores de tres sindicatos del trópico de Cochabamba, que presuntamente fueron nombrados “poseedores” por el grupo Olmedo, que asegura tener la propiedad de las tierras y rechaza que se traten de terrenos fiscales.
7 AÑOS DE CONFLICTOS EN ALBARRANCHO
Según los comunarios de Albarrancho, desde hace siete años el grupo Olmedo intenta urbanizar parte de la serranía de Quenamari, por lo que asegura tener el derecho propietario de 315 hectáreas. Esta serranía, según la dirigente de la Subcentral de Albarrancho, Julia Orellana, pertenece a la comunidad y la usan como zona de forraje y pastoreo para su ganado.
El terreno está ocupado por la familia Olmedo junto con tres sindicatos del trópico: la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico (Unihort), desde el mes de marzo y construyeron más de 200 casas en la zona.
