Gobierno abroga decreto que ampliaba la concesión a Fundempresa por 15 años
El Gobierno de Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4407 que abroga la ampliación de la concesión del Registro de Comercio otorgada por el Estado a Fundempresa por 15 años.
“Se abroga el Decreto Supremo Nº 4356, de 29 de septiembre de 2020, que amplía la Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio otorgada al Consorcio para el Registro Mercantil mediante Decreto Supremo Nº 26335, de 29 de septiembre de 2001”, expresa dicho decreto.
Además, autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, “ejecutar las acciones correspondientes para dejar sin efecto la adenda suscrita en fecha 6 de octubre de 2020, quedando firmes y subsistentes las condiciones previas e iniciar las acciones legales que sean necesarias”.
El pasado 6 de octubre, la presidenta Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4356, por el que se ampliaba, por 15 años, la Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio a Fundempresa o el Consorcio para el Registro Mercantil, como se conocía a la institución hace 20 años, cuando ganó por primera vez la concesión.
Fundempresa presta ayuda en el Registro de Comercio de Bolivia desde el año 2002, brindando un servicio a los empresarios y al Estado, orientado a la mejora continua y al apoyo en el desarrollo empresarial, además de otorgar seguridad jurídica para realizar transacciones comerciales en Bolivia.
El presidente de los Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, expresó que “toda concesión y contrato tiene que manejarse desde el punto de vista de conservar la fe del Estado”.
“El Estado es una institución, no son personas, ni partidos políticos. Siempre hay que cuidar lo que es la permanencia de un decreto que de alguna forma signifique garantizar el funcionamiento de algo o la conservación de un contrato”, expresó a Los Tiempos.
Por su parte, el empresario y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, expresó su rechazo asegurando que el DS “rompe una alianza público-privada virtuosa, que permitió la modernización y manejo eficiente del Registro de Comercio, es la clara señal de la apuesta por el estatismo en detrimento del esfuerzo privado”.
Con ello se buscaría centralizar y tener mayor control sobre el sector privado en general. Asimismo, se prevé que la burocracia vuelva en todos los trámites.
